presupuestos del gobierno vasco en 2009
La mitad del gasto del Departamento de Vivienda, 290 millones, se destinará al arrendamiento
Madrazo destacó que la promoción de vivienda pública se mantiene en los niveles anteriores a la crisis. / EL CORREO
LOS NÚMEROS
El Gobierno vasco dedicará el próximo año 290 millones de euros, más de la mitad de todo su presupuesto de vivienda, a promover el alquiler público para ofrecer una alternativa asequible los ciudadanos que no pueden acceder a la propiedad porque la crisis les ha golpeado o puede hacerlo en el futuro, y porque las entidades financieras ponen pegas para conceder hipotecas. Así lo indicó ayer el consejero Javier Madrazo, que presentó los presupuestos del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales en el Parlamento vasco. Su objetivo es que, a finales de 2009, el parque de alquiler público rebase ligeramente los 19.000 pisos en Euskadi, frente a los 16.000 actuales, de los cuales algo más de 4.000 son inmuebles vacíos que han sido puestos en renta a través del programa Bizigune.
El área de Vivienda, sin contar Asuntos Sociales, tiene asignados 531 millones de euros para 2009, lo que representa el 7% de todo el gasto presupuestado por el Gobierno vasco. Madrazo explicó que su departamento no sólo pretende potenciar el alquiler para ayudar a los sectores sociales más vulnerables a la recesión, sino que quiere sostener el ritmo de edificación en todas las modalidades de pisos protegidos (propiedad y arrendamiento) para ayudar a los constructores y promotores a superar el parón que han sufrido las viviendas libres, un fenómeno que se ha notado en la primera mitad del año, pero cuya verdadera magnitud se apreciará cuando se cierre el presente ejercicio.
El consejero estimó que en 2009 se iniciarán alrededor 7.000 nuevos pisos protegidos, promovidos por las empresas privadas, el Gobierno vasco, sus sociedades públicas y los municipios. Esa cifra se aproximaría al récord de 7.300 viviendas alcanzado en 2007. Respecto a 2008, Madrazo calculó que posiblemente se pondrán en marcha unas 6.000, aunque advirtió de que el dato es aproximado, a la espera de que se conozcan las estadísticas de final de año. En cualquier caso, destacó que las promociones públicas se están manteniendo en Euskadi en los mismos niveles que se registraban antes de que estallara la crisis de las hipotecas basura.
Pero, además, el Gobierno vasco quiere que, de los 7.000 pisos protegidos proyectados, unos 2.500 correspondan a alguna modalidad de alquiler. De estos últimos, el departamento se encargaría de edificar 1.400, mientras que los demás se repartirían entre los ayuntamientos y otras entidades. Precisamente, el consejero expresó su confianza en que los municipios se impliquen en el arrendamiento -varias iniciativas anteriores no han resultado del todo efectivas-, para lo cual el Ejecutivo autónomo se ha comprometido a darles 40.000 euros por cada piso que construyan, promuevan o movilicen para ponerlo en renta. Y ha firmado un convenio de cooperación con Eudel que apunta en la misma dirección.
Con ese telón de fondo, se prevé entregar el próximo año a los alcaldes 20 millones de euros en ayudas vinculadas al arrendamiento. El programa Bizigune se llevará una cantidad similar e intentará captar al menos otros 850 pisos desocupados y administrar unos 5.000 en total. Esa cifra no incluye las viviendas libres sin vender que los promotores privados puedan poner a su disposición.
«Necesidad primaria»
Madrazo indicó que, globalmente, el Gobierno vasco dedicará 290 millones en alquiler durante 2009, si se suman todas las ayudas previstas, así como el dinero destinado a edificar, a comprar suelo para futuras promociones y a financiar Bizigune, entre otros conceptos. El consejero insistió en que el arrendamiento es una «necesidad primaria» en los tiempos que corren, si bien todavía representa una proporción muy reducida del negocio inmobiliario de Euskadi.
En 2007, apenas el 5,2% de los hogares vascos residía en un piso de alquiler público o privado. Globalmente, ese mercado abarca unos 60.000 pisos en la comunidad, de los cuales 16.000 son protegidos, con una media de dos o tres personas por inmueble. No obstante, el escenario está cambiando, pues, según el Departamento de Vivienda, tres de cada cuatro nuevos contratos de arrendamiento que se firman en el País Vasco corresponden ahora a pisos públicos o a viviendas vacías movilizados por Bizigune.
Las rentas que se pagan son dispares, dependiendo de que el casero será una Administración o un particular. Mientras que las que se piden en este último caso figuran entre las más caras de España (unos 800 euros de media), las que cobra Bizigune nunca pueden superar la tercera parte de los ingresos del inquilino. Los demás alquileres públicos también suelen representar esa misma proporción, aunque la cifra depende de los recursos del beneficiario, los miembros de su familia y la superficie del piso.
Por ejemplo, quienes ganen entre 3.000 y 9.000 euros anuales pagarán entre 75 y 155 euros al mes por un inmueble tipo de 75 metros cuadrados. En el otro extremo , quienes ingresen más de 29.846 euros pagarán una renta máxima de 665.
