ÁLAVA
Acusa a la ex cargo del PP de timar
183.000 euros a 11 víctimas a las que
prometió pisos de protección oficial
07.11.08 -
La ex concejal del PP charla con José Enrique Bert (EH) en un pleno. / E. ARGOTE
ACUSACIÓN
«Los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa». Así de contundente se muestra el fiscal Álvaro Delgado Fontaneda en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL CORREO, contra la ex concejal del Partido Popular Raquel Martínez y su compañero Bonifacio Covarrubias. El ministerio público considera a ambos cómplices en el engaño a once víctimas que aportaron 183.000 euros por unos pisos de protección oficial, tasados o libres que nunca existieron y pide para ellos prisión de seis años y multa de veinte meses.
El fiscal alega en su escrito que entre finales del año 2005 y el mes de noviembre de 2007 los acusados -sin antecedentes penales- se presentaron como administradores de la empresa inmobiliaria Gesbora y solicitaron dinero a diferentes personas haciéndoles creer que harían las gestiones necesarias para proporcionarles de forma preferente una vivienda.
La acusada Raquel Martínez «daba la apariencia de confianza a la operación, aprovechando su condición de ex concejala del Ayuntamiento de Vitoria -cargo en el que estuvo desde julio de 1999 a junio de 2003- y los contactos que decía tener en diversos organismos públicos». Tanto la ex responsable del servicio municipal de Igualdad -ofició la primera boda simbólica entre mujeres en el Ayuntamiento-, como su compañero recibían el dinero «a sabiendas» de que no iban a realizar ninguna gestión para tales compraventas y de que no tenían ninguna capacidad para proporcionar los inmuebles.
En el alegato se dice, por ejemplo, que Raquel hizo entrega a los acusados, a través de una amiga, de 18.000 euros para la compra de un piso en la calle Landaverde. Los imputados, con la intención de simular la realización de gestiones y de evitar posibles reclamaciones redactaron con la intervención de una tercera persona un contrato privado de compraventa el día 30 de abril de 2007. El mismo comportamiento se produjo con las demás víctimas, cambiando en algunas ocasiones la cantidad exigida.
El PP le dio de baja
En una ocasión, por ejemplo, los padres de una de las víctimas llegaron a firmar un documento de reconocimiento de deuda por importe de 360.607 euros. Otra vez, los inculpados devolvieron a una de las personas estafadas un talón por valor de 38.000 euros que no pudieron ser cobradas por carecer de fondos.
El fiscal eleva sus peticiones al Juzgado de Instrucción 4 de Vitoria y solicita el juicio oral ante la Audiencia Provincial. Pide la presencia de 20 testigos. Raquel Martínez inició su andadura política en el asociacionismo regional cuando todavía vivía en el cuartel de Sansomendi -luego se divorció de su marido, guardia civil . El PP le dio de baja del partido en 2004 al conocer que usaba su nombre para cuestiones profesionales «en su beneficio personal».
