'Caso balenciaga' | avanza la vía jucidicial
Presenta querella criminal contra ellos y contra un tercero que hizo de intermediario entre el arquitecto cubano y la empresa encargada de construir el museo de Getaria
. Mariano Camio, en el centro, y Julián Argilagos, en un acto junto al diseñador Paco Rabanne, primero por la izquierda. / JAVIER ECHEZARRETA
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha estimado que hay indicios de delito en la gestión del ex alcalde de Getaria Mariano Camio (PNV), durante el tiempo en que fue el principal gestor de la Fundación Balenciaga y la sociedad Berroeta Aldamar, promotoras del Museo Balenciaga, y ha decidido presentar una querella criminal contra él en un Juzgado de Instrucción de Azpeitia, partido judicial al que pertenece la localidad natal del modisto.
Aunque la denuncia de las dos entidades promotoras sólo hacía mención expresa a las supuestas irregularidades cometidas por Camio, el fiscal ha extendido la presunción de delito al arquitecto de origen cubano Julián Argilagos Pi, diseñador del museo, y a Rolando Paciel González, que durante un tiempo ejerció de intermediario entre aquél y la ingenieria Eptisa-Cinsa que tenía a su cargo la ejecución del proyecto.
En representación de las instituciones que integran la Sociedad Berroeta Aldamar, la consejera Miren Azkarate, la diputada guipuzcoana de Cultura, María Jesús Aranburu, y el alcalde de Getaria, Andoni Aristi, convocaron en la tarde de ayer de urgencia a los medios de comunicación para informar de la decisión de la Fiscalía. Berroeta Aldamar se contituyó en 2005 para ocuparse de las obras de construcción del museo, que hasta entonces habían estado en manos de la Fundación Balenciaga, presidida por Camio hasta que fue destituido. en su calidad de denunciantes, que la Fiscalía iba a presentar ante el Juzgado la querella criminal, aportando asímismo la documentación correspondiente a la investigación que ha llevado a cabo la Ertzaintza durante los últimos meses.
Miren Azkarate recordó que tanto Berroeta Aldamar como la Fundación Balenciaga habían denunciado el 27 de noviembre de 2007 ante la Fiscalía una serie de «hechos que pudieran ser susceptibles de ser considerados delictivos», como «diversas falsedades documentales, irregularidades contractuales, ocultaciones de datos y movimientos financieros que se consideraban claramente irregulares por parte de la sociedad».
Eso ocurría meses después de que comenzaran a darse a conocer aspectos oscuros de la gestión del proyecto de museo (como la desaparición de prendas y objetos destinados a la colección del museo y que fueron a parar a manos de esposas de cargos del PNV).
Azkarate, sin embargo, no aclaró a cuáles de esos u otros posibles delitos se hacía referencia en la querella criminal conocida ayer, ni en cuáles o en qué grado se imputaban a los tres querellados.
Pese a que ni el Gobierno vasco ni la Diputación de Guipúzcoa forman parte de la Fundación Balenciaga, Miren Azkarate anunció que, en coordinación con ella Fundación, ejercitarían «todas las acciones legales para depurar responsabilidades y resarcir daños».
En manos del juez
La evolución del caso Balenciaga en su vertiente judicial -la vertiente política sigue su curso en la Comisión de Investigación que se creó en el Parlamento vasco-, depende ahora de que el titular del Juzgado ante el que se ha presentado la querella criminal, la admita o no a trámite. Si finalmente el titular del juzgado de Azpeitia decide dar ese paso, no tendrá mayores dificultades en localizar a Mariano Camio, pero tal vez no lo tenga tan fácil con Julián Argilagos, residente en Miami y que supuestamente recibió por sus servicios un sobrepago de más de 400.000 euros.
En cuanto a Rolando Paciel González, también de origen cubano aunque con residencia en España, actuó como intermediario entre Argilagos, cuando éste fue autorizado a dirigir el proyecto desde Miami y la empresa que lo ejecutaba; por esa función percibía más 3.000 euros al mes. El contrato con Paciel fue uno de los primeros que se rescindió, en abril de 2007, meses antes de que se hiciera lo propio con Argilagos, en noviembre. Paciel presentó recurso y éste fue estimado, por lo que se le han tenido que abonar más de 20.000 euro. Desde entonces, afirmó Azkarate, «no hemos vuelto a tener ningún contacto con él». Y tampoco lo han tenido, según la consejera, con Mariano Camio.
