L as cifras que resumen tres años de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, difundidas ayer, confirman una tendencia sostenida de carácter positivo en la respuesta judicial y policial y una más eficaz coordinación institucional. Aunque, paralelamente, ofrecen una radiografía de la violencia machista en España que revela la magnitud del problema de fondo y las dificultades para atajarlo. El significativo incremento de las denuncias y las condenas de maltratadores a lo largo de estos años apunta una progresiva liberación de muchas mujeres de la tiranía del miedo que resulta esperanzadora, en tanto que el primer paso para combatir la agresión es romper el silencio. El alto porcentaje de condenas, singularmente más elevado en los juzgados especializados que en los penales, detecta una apreciable descoordinación en la consideración penal de determinados delitos o faltas que los órganos superiores debieran subsanar. Pero ofrece también la positiva constatación de una intensa respuesta judicial al maltrato, con casi medio millón de procedimientos tramitados en tres años.

La incidencia de la violencia doméstica en el ámbito de la inmigración se ha manifestado en este tiempo como extremadamente preocupante y, pese a que se registra un crecimiento del número de denuncias, el porcentaje todavía resulta desalentador en proporción a los casos de agresión. El hecho de que siete de cada diez asesinadas en España en el mismo período no hubieran presentado acusación contra los que luego resultaron ser sus verdugos advierte de la necesidad perentoria de seguir ayudando a las mujeres a revelar su situación. La denuncia es la pieza clave para hacer posible la intervención eficaz de los mecanismos judiciales y de protección cuyo avance es palpable pero insuficiente.