ÁLAVA
La familia de una discapacitada acusa de «pasividad» a la
Diputación en un caso de abuso sexual. Bienestar Social alega
que vigila al imputado pese a que fue absuelto en el juicio
02.11.08 -
Loli está muy preocupada por su hija. / BLANCA CASTILLO
La familia de Isabel C. P., una mujer discapacitada en un 88%, ha criticado al Instituto Foral de Bienestar Social, dependiente de la Diputación, por actuar con «pasividad» al permitir que la persona a la que acusó de abusos sexuales haya vuelto a trabajar en el mismo centro que ella. El gerente del IFBS, José Luis Alonso Quilchano, ha asegurado, sin embargo, que se han adoptado todo tipo de medidas para que no coincidan en los turnos de trabajo y que el caso será objeto de una vigilancia especial. «Hemos tomado las medidas legales que estaban a nuestro alcance porque el problema en este caso es que los jueces absolvieron al acusado por falta de pruebas», agregó.
Los hechos sucedieron en mayo de 2007, cuando Isabel, trabajadora de Indesa, la empresa que hace la limpieza de las residencias públicas, denunció ante el Juzgado de Guardia que había sido acosada por su supervisor, un hombre de 49 años. Según el testimonio de Isabel en el juicio celebrado en junio de 2008, el acusado, desde su incorporación al mismo trabajo que ella, «le había venido acosando y realizando tocamientos físicos en varias ocasiones y sin su consentimiento». La víctima explicó que la última vez, el 19 de abril, cuando ella estaba junto a una ventana, el acusado se acercó por detrás apoyando sus genitales sobre el cuerpo e invitándole a sentarse con él en la encimera. Tras quitárselo de encima, Isabel entró en un cuadro agudo de ansiedad que le condujo a una baja laboral que duró 11 meses.
«Iba contenta al trabajo»
Loli, su madre, vivió con tristeza la transformación de su hija: «Isabel ha sido una chica responsable y autónoma. Tiene novio e iba muy contenta al trabajo. Tras aquello se volvió extraña y miedosa, obsesiva e introvertida. No hacía más que llorar. Devolvía cada noche un montón de veces. Ella me contó que estaba 'destrozada por dentro, que aquel hombre había acabado con su vida. Ha sido asqueroso. No me gusta que me toquen', decía. Se lo había contado a la trabajadora social de la empresa pero decidieron esperar», explica Loli. La madre, sin embargo, no lo hizo y presentó una denuncia. Reclamó un alejamiento que le fue concedido por los jueces hasta conocer la sentencia. El médico de cabecera y el psicólogo clínico relacionaron el estado de Isabel con un hecho grave. Un hermano de ella, sin embargo, fue denunciado por el presunto acosador por una agresión, que la familia niega.
Durante el juicio, se cuestionó el propio testimonio de Isabel por su discapacidad física (55% por ceguera) y psíquica (un 33%). Sin testigos y sin considerar como prueba los síntomas de ansiedad de Isabel, los jueces le absolvieron.
«El problema es que desde hace unos días, el hombre ha regresado al centro de trabajo y puede volver a verla. Mi hija está de nuevo fatal», señala la madre. «Hemos hablado con la Diputación para que lo cambiaran de centro. Y como el alejamiento ha decaído, dicen que no lo pueden hacer. Nos sentimos abandonadas, Creo que no pueden ser pasiva ante esto. Estamos indignados», señala.
Por su parte, el Instituto Foral de Bienestar Social ha asegurado que se han dado instrucciones para evitar que víctima y acusado, aunque absuelto, coincidan en el mismo puesto de trabajo. «Una vez que el trabajador de Indesa sale libre, no podemos impedir que vuelva a trabajar. Tiene sus derechos. Pero no vamos a estar como si no hubiera pasado nada», añadió Quilchano.
