Parece claro que las pensiones y la decisión tomada por todos los partidos políticos vascos de equiparar las más bajas al Salario Mínimo Interprofesional -700 euros al mes en doce pagas- llevan camino de convertirse en arma de confrontación electoral entre las formaciones, pero también parece fuera de toda duda que ninguno de estos vaivenes hará que los jubilados pierdan los derechos que se les reconocieron en el Parlamento el pasado mes de junio. De hecho, la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, aclaró ayer cuál será la factura de complementar en 2009 los subsidios de los 21.000 pensionistas con ingresos inferiores al SMI: requerirá una inyección pública de 25 millones de euros, dijo ayer en un acto del PNV en la localidad vizcaína de Abanto.
El complemento para las pensiones bajas, la ayuda económica para contribuir a elevarlas hasta los 700 euros mensuales, se ha situado en apenas unos días el centro de la confrontación entre el tripartito y los socialistas. Esta prestación debe debatirse de nuevo este otoño en el marco del proyecto de Ley de Garantía de Ingresos, del que se desgajó para facilitar su entrada en vigor lo antes posible.
La norma está en tramitación en el Parlamento. En el proyecto, el tripartito ha decidido denominar a esta ayuda 'Renta Complementaria de Pensiones', en lugar de mantener la redacción de la ley avanzadilla de junio, que enmarcaba las ayudas dentro de la Renta Básica y que ha entrado en vigor con problemas de gestión, pero con plena corrección legal. Esto es importante, porque el quid de la cuestión está en que el Gobierno central entiende que las pensiones y sus complementos son competencia exclusiva del Estado, mientras que las autonomías sí pueden actuar en la Renta Básica. Es decir, que la redacción propuesta ahora por PNV, EA y EB parece «una provocación» para que el Gobierno central «se vea obligado a recurrir» la futura ley, aseguran fuentes socialistas.
«Seguridad jurídica»
EA censuró el jueves al PSE por enmendar el proyecto legislativo para dar una redacción nueva al capítulo del complemento de pensiones, lo que los socialistas pretenden hacer precisamente para «dar seguridad jurídica» a las ayudas. EA entendió, por contra, que las modificaciones planteadas «dejan fuera» del complemento a colectivos como las viudas en edad de trabajar o a discapacitados leves, lo que los socialistas negaron ayer de forma rotunda. Los complementos «no están en peligro», remarcaron desde el PSE, aunque criticaron que PNV y EA jueguen a «generar incertidumbre y preocupación». De hecho, de no llegar a buen puerto la nueva ley -lo que es probable sin el concurso de los socialistas- quedaría en vigor la de junio y las prestaciones se mantendrían igual.
El PNV, efectivamente, se sumó a las críticas contra el PSE. Le acusó de manejar un «doble discurso» en Euskadi y Madrid y anunció mociones en los municipios vascos para «apoyar el complemento de pensiones» y «conocer la postura» de los socialistas.