GENERAL
El ministerio público sostiene que el dueño del piso del palacete de Neguri metió a una familia
de gitanos en la casa para hostigar a los vecinos con el fin de echarlos y quedarse con el edificio
01.11.08 -
La fiscal consideró ayer probado que se trata de un caso de «acoso inmobiliario» y solicitó siete años para cada uno de los cuatro acusados. En la última sesión del juicio que se celebra en Bilbao, el ministerio público defendió que el empresario de Erandio cedió su piso en un palacete de Getxo, la 'casa Tangora', a una familia de gitanos para «hostigar» a los vecinos con el fin de echarlos y comprar todo el edificio. La defensa del hostelero argumentó que «no hay pruebas» que demuestren las coacciones y que el mal estado de la casa fue el origen de todas las inundaciones, muchas de ellas de aguas fecales, y de los daños en sus viviendas que sufrieron los vecinos. La fiscal pidió prisión inmediata para los imputados, pero la jueza rechazó adoptar esa medida.
Según el relato que hizo la fiscal en sus conclusiones en este primer juicio en Euskadi por 'mobbing' inmobiliario, el hostelero acusado, Juan José R., tenía intención de comprar los tres pisos de la casa Tangora, un palacete de piedra situado en el barrio de Neguri. Adquirió una de las viviendas e hizo ofertas a los dueños de las otras dos, que las rechazaron. «Al verse frustrado en sus expectativas», añadió la fiscal, Juan José R. «ideó» un plan «para acosar a los otros habitantes de la casa con el fin de debilitarlos y someterles a sus deseos. Quería situarse en una posición de fuerza para futuras negociaciones».
Alquiló su casa por un euro a una familia gitana, de treinta miembros. El acusado argumentó en el juicio que lo hizo «por pena», para que los niños no tuvieran que vivir en la calle. «Es de una desfachatez asombrosa que pretenda hacernos creer ese acto de generosidad. Ya es difícil que entre miembros de una familia se ceda un piso, como para hacerlo con extraños», argumentó el ministerio público. La acusación particular matizó, además, que el acusado no había ayudado a sus inquilinos nunca, ni lo hizo después de que fueran expulsados de la casa.
La fiscal se preguntó si el hostelero no pudo también tener otro «acto de generosidad» y liberar a los vecinos de la «vida infernal» a la que les sometía el clan gitano con las continuas inundaciones, los ruidos nocturnos, los daños, los destrozos en los coches y las basuras en su jardín, «que llevaron a la mujer que vivía en la planta baja y a su hijo a necesitar tratamiento médico». «Conoce la situación de sus vecinos porque recibió denuncias y requerimientos notariales. Pero en lugar de sacar a sus inquilinos, los mantiene contra viento y marea hasta el desalojo por orden judicial», añadió. La familia de indigentes vivió en el piso de la casa Tangora durante trece meses, entre julio de 2003 y agosto de 2004.
Familia conflictiva
A juicio del ministerio fiscal, el hostelero de Erandio «sabía» que la familia era conflictiva. Habían sido expulsados por el Ayuntamiento de Sestao de un piso por los problemas de convivencia que causaron en el vecindario. Recordó, además, que las inundaciones que sufrió la planta baja comenzaron con la entrada del clan gitano y terminaron con su expulsión.
La acusación pública resumió que el empresario es el «autor intelectual» del acoso inmobiliario y que los tres miembros del clan gitano acusados en el sumario, Dolores E, Rafael B. y Arturo B, «ejecutaron» las acciones. Pide para cada uno de ellos cerca de siete años por delitos de acoso, amenazas, robo y allanamiento de morada y una multa por los daños. Solicitó el ingreso inmediato en prisión de los cuatro imputados. La juez, sin embargo, rechazó la medida y argumentó que habían pasado cinco años desde que ocurrieron los hechos.
El abogado del empresario alegó, por su parte, que «no existen pruebas» de ese supuesto acoso inmobiliario. «Aquí sólo se han presentado sensaciones», señaló el letrado. «Lo que sentían los vecinos al convivir con la familia gitana. Que si estaban mal, asustados, que si los miembros del grupo hacían ruido», añadió. «Podría hablar de por qué en Sestao o en San Francisco no hay acoso inmobiliario pero en Neguri, sí, pero no lo voy a hacer», puntualizó.
Su defensa se apoyó en que las inundaciones, el principal daño que sufrieron las viviendas de los vecinos denunciantes, ocurrieron por que las tuberías centrales estaban «podridas». «Treinta miembros de una familia usando los baños, la lavadora, las bañeras, con las tuberías rotas, pueden provocar las filtraciones», dijo. El letrado sostuvo que no se habrían registrado daños si se hubiese rehabilitado la vivienda, como «propuso» su defendido. «Los vecinos denunciantes tienen el 66% de la representación y se negaron a hacer obras. ¿No es eso también 'mobbing'?», subrayó.
El abogado señaló que Juan José R. cedió el piso al clan gitano por que lo tenía «muerto». «No podía hacer reformas para que viviera su hija. Estaba parado», destacó. Apuntó que, como la acusación «no tiene pruebas», ha tenido que recurrir, incluso, a «burlarse de la caridad» de su cliente para sostener sus argumentos.
