ÁLAVA
31.10.08 -
Un hombre camina junto a la 'casa de Napoleón', en cuya parte trasera se han levantado los controvertidos apartamentos tutelados. / IGOR AIZPURU
CRONOLOGÍA
A la constructora Opacua se le agotan las posibilidades de salirse con la suya en su polémica promoción de 42 apartamentos tutelados junto a la vieja casa Etxezarra, en el número 54 de la calle Castilla. En un fallo emitido ayer, y al que ha tenido acceso EL CORREO en exclusiva, la Audiencia Provincial de Álava obliga a esa empresa a comercializar los pisos al precio que pactó con la ciudad. Es decir, no podrá venderlos más caros de lo que fijó el Ayuntamiento de Vitoria. La sentencia refrenda así el dictamen que un juez firmó el pasado marzo, y contra el que la promotora interpuso un recurso de apelación. Ahora ya tan sólo le queda llevar el asunto hasta el Tribunal Supremo.
Los cuatro magistrados que componen la Audiencia Provincial dan así la razón al Consistorio en un fallo sustentado en diez folios. A lo largo de los mismos, los jueces consideran que el precio de venta de los apartamentos levantados al lado de la llamada 'casa de Napoleón' resultó «esencial» para que el Consistorio adjudicara el proyecto a Opacua. Por tanto, «ese coste no puede quedar al arbitrio de la empresa», zanjan.
La resolución llega once meses después de que este periódico desvelara que la promotora pedía por uno de esos pisos para mayores de 60 años -a través de la comercializadora Fincas Urizar- hasta 249.417 euros, «con un 7% de IVA incluido», lo que provocó una tormenta política en el Ayuntamiento. A comienzos de 2006, cuando la constructora pujó por la parcela, comunicó al Consistorio que vendería las casas a un precio «redondeado», que oscilaría entre los 163.178 y los 195.003 euros. Es decir, a un coste sensiblemente inferior al que luego exigía.
Confrontación
El precio de estos apartamentos fue ya objeto de controversia en abril de 2007, cuando también este diario dio a conocer los millonarios beneficios que Opacua iba a obtener con la promoción, autorizada en solitario por el anterior equipo de gobierno popular, con el rechazo de toda la oposición. Entonces, los populares exigieron y lograron que la empresa firmara un documento en el que se comprometía a vender esas viviendas a los precios fijados «en la oferta» que presentó al Ayuntamiento. No quedó claro si la cantidad incluía o no el IVA.
En octubre, después de que las cifras reales de venta salieran a la luz, PP, PNV, EB y EA exigieron en bloque a Lazcoz que denunciara a la constructora. Toda la oposición dio por hecho que Opacua -la misma firma envuelta en la polémica de los chalés bioclimáticos de Ibaiondo y a la que el alcalde reclama ahora que abone los 1,3 millones de sobrecosto- «había incumplido sus compromisos» con el Consistorio y tenía por tanto que rebajar el coste de los apartamentos de Etxezarra.
El regidor socialista reaccionó de inmediato y llevó el caso ante el juez para evitar que se consumara lo que calificó como «un pelotazo inmobiliario». No sólo eso. Lazcoz llegó a plantearse vetar a la empresa los futuros concursos municipales, como le exigieron PP y PNV. Al final, descartó la idea porque no había «ninguna posibilidad legal» de llevarla a cabo.
La promotora, por su parte, siempre ha manifestado que podía vender los pisos de la calle Castilla a costes «de mercado». Y lo creía así porque ni el concurso público de enajenación de la parcela, ni el escrito de adjudicación de la misma, ni el documento público de compraventa fijaban una limitación en el precio de los apartamentos. La firma insistía en que las cifras que envió al Ayuntamiento «eran orientativas y no vinculantes». Es decir, que se trata «de una promoción libre».
Un asunto «esencial»
La sentencia de la Audiencia, firmada ayer mismo, tumba estas apreciaciones de Opacua. Los magistrados fallan que fue la propia empresa la que fijó lo que debían valer los pisos y no el Ayuntamiento. Remarcan, además, que esa horquilla de costes es «esencial» porque «puntuaba en el concurso».
Los magistrados han valorado también la posterior nota que la constructora firmó en abril de 2007 a exigencias del PP, cuando se comprometió a limitar el coste de venta. Destacan, a este respeto, que, «pese a ella, Opacua continuó vendiendo apartamentos a un precio superior».
Así las cosas, a los responsables de la promotora sólo les queda un único cartucho en la recámara: presentar un recurso de casación ante el más alto tribunal.
