La entrada en vigor de la nueva Ley de Servicios Sociales, se prevé que pueda hacerlo a finales de año, obligará a la Diputación alavesa a cambiar su propia normativa, que data de 1995. Desde entonces, la Administración foral ha utilizado la figura del 'reconocimiento de deuda' para garantizar que los alaveses que residen en un geriátrico abonen el coste de la plaza. Según la norma vigente, el usuario está obligado a responder con su patrimonio, incluso con su vivienda habitual, para saldar su deuda con la Diputación. Esta carga, de no satisfecha, pasaría a los herederos.
Según los últimos datos del Instituto Foral de Bienestar Social, en la actualidad están abiertos 658 expedientes de alaveses que deben a la Diputación unos 11 millones de euros. Existen dos tipos. Por un lado, aquellos con una deuda no exigible a día de hoy, es decir, de personas acogidas a este figura que siguen vivas. Su número asciende a 300 personas y el montante económico total a 6,5 millones. Por el otro, están los expedientes con una deuda ya exigible, es decir, aquellos en el que el beneficiario ha fallecido o ya no está dentro de los servicios sociales. En total, son 358 y suman un 'debe' de 4,5 millones.
Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Servicios Sociales, acordada esta semana por el consejero Javier Madrazo y el PSE, las administraciones forales ya no podrán usar la vivienda habitual como garantía de cobro (en Guipúzcoa no se hacía y Vizcaya lo implantó en 2006). El principal interrogante es saber cómo se va producir este salto de una normativa a otra en territorio alavés, es decir qué ocurrirá con los contratos ya suscritos, y en los que figura como aval el piso del usuario.
«Hay que esperar. Habrá que ver cómo se desarrolla el reglamento», asegura una portavoz oficial del Departamento de Servicios Sociales, dirigido por Covadonga Solaguren. La futura ley autonómica sí contempla la fórmula del copago para que los usuarios sufraguen a medias con la administración pública el coste de los servicios. Se podrá recurrir al patrimonio del usuario pero nunca a la vivienda habitual. Se deja, no obstante, la posibilidad de hacerlo en aquellos casos de pisos de lujo.
Mil personas desde 1995
Desde 1995, 1.109 personas han decidido acogerse al 'reconocimiento de deuda'. Su número, sin embargo, ha ido decreciendo con el paso de los años. Hace una década, sólo un 15% de los residentes en un geriátrico decidía pagar la tarifa completa del IFBS. El resto, por contra, accedía al 'reconocimiento de deuda'. Este porcentaje ha cambiado de tal forma que ahora el 65% de los mayores ingresados en un geriátrico foral abona el precio completo.
Uno de los motivos son las bajas tarifas existentes en Álava. El precio máximo es de 970 euros al mes -la mitad que en Vizcaya y Guipúzcoa-, cuando el coste real que esa cama supone para las arcas forales ronda los 5.000. Aun así, la gente que no puede abonar esos 970 euros acuerda un precio con la Diputación. Por ejemplo, si sólo puede pagar 370, los otros 600 se irían acumulando en la factura de la deuda.
Pese a todo, los casos en los que se ha tenido que recurrir a la venta de un piso para pagar la factura son excepcionales porque los usuarios cuentan con recursos suficientes o los afrontan los hijos.