El Gobierno vasco y los socialistas escenificaron ayer en Vitoria el pacto para aprobar en esta recta final de la legislatura la Ley vasca de Servicios Sociales -el texto «más avanzado y progresista» de España-, que reordena el desigual entramado asistencial que existe en la actualidad en los tres territorios y convierte el acceso a residencias, centros de día o servicios de atención a domicilio en «derechos subjetivos» que el ciudadano puede exigir a la Administración y reclamar si es preciso ante los tribunales. El acuerdo entre el tripartito y el PSE despeja las incógnitas respecto a algunos de los puntos más controvertidos del proyecto elaborado por el Ejecutivo, entre ellos el que afecta al copago. En este sentido, las personas mayores sin recursos no tendrán que aportar su vivienda habitual como fórmula para acceder a una residencia. Sólo habrá una excepción de momento poco definida: cuando el inmueble sea «suntuoso», esto es, de lujo.

El acuerdo entre el consejero Javier Madrazo (EB) y los representantes socialistas José Antonio Pastor y Gema Zabaleta permitirá salvo imprevistos que la ley quede aprobada antes de finalizar este año. Entrará en vigor de forma inmediata, pero su aplicación será progresiva y se prevé culminar su desarrollo en un plazo de ocho años, lo que da idea de su complejidad. La normativa, dijo Madrazo, viene a establecer el campo de juego de los servicios sociales «para un plazo de 20 años» y tendrá como obligado efecto la multiplicación de las plazas en residencias, del número de trabajadores sociales y el fomento de todos los servicios.

De los aspectos del proyecto de Ley negociados entre los socialistas y el tripartito, es el del copago -la colaboración del usuario en la financiación de los servicios sociales de los que disfruta- el que ha centrado la atención en las últimas semanas. La vivienda habitual no será moneda de cambio cuando los mayores carezcan de recursos suficientes para abonar la factura de la residencia, lo que ahora ocurre en territorios forales como Álava y Vizcaya. El piso habitual queda exento en su totalidad también en el cómputo del patrimonio del usuario, necesario para determinar la proporción que debe pagar por la asistencia que recibe. Y un tercer detalle importante. En este cálculo tampoco se tendrán en cuenta los ingresos o el patrimonio de los familiares que tienen la obligación legal de atenderle. «Sólo se tendrá en cuenta al usuario», ratificó Gema Zabaleta. «Exime la vivienda habitual en el cálculo del copago salvo que tenga un valor excepcional. Los ciudadanos sólo van a financiar los servicios con su renta personal y otros patrimonios que puedan tener. Esto era una gran preocupación a la que hemos dado respuesta», aclaró.

En el texto elaborado por el Gobierno y pactado previamente con las diputaciones y Eudel, la exención del piso habitual se establecía hasta un mínimo, el equivalente al precio medio de la vivienda usada en Euskadi, más de 300.000 euros. El consejero Madrazo opinó que el cambio efectuado en la Ley es «de matiz» y aseguró que el acuerdo con las instituciones forales se mantiene vigente.

Críticas del PP

El acuerdo entre los socialistas y el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales deja también otras modificaciones en el texto legal que ayer mismo se empezó a debatir con el resto de partidos con el ánimo, según Madrazo, de sumar al consenso a «las formaciones de izquierdas, Aralar y EHAK». Se crea un órgano de gestión interinstitucional cuya labor será «determinante», dado que en él recaerá el diseño del catálogo de los servicios sociales vascos y el reparto de su financiación y se esboza un órgano de control, la Alta Inspección, que será objeto de estudio.

El PP censuró ayer el acuerdo y se mostró partidario de que la Administración asuma «en exclusiva» el coste de los servicios sociales. El copago, a su juicio, es «un nuevo impuesto» para los ciudadanos.