CONSENSO POLÍTICO
El Gobierno vasco y el PSE sellan el acuerdo para aprobar la normativa "más progresista" del Estado
29.10.08 - 16:45 -
Javier Madrazo y José Antonio Pastor en la firma de convenio social. / IGOR AIZPURU
La aplicación de la nueva Ley vasca de Servicios Sociales obligará a multiplicar las plazas de residencia y centros de día y a potenciar prestaciones como la ayuda a domicilio o la teleasistencia, según ha indicado esta mañana el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo. El líder de EB ha firmado hoy en nombre del tripartito junto a los socialistas el acuerdo que permitirá que la nueva regulación, "la más avanzada y progresista del Estado", pueda ser aprobada este mismo año y, en todo caso, antes de que finalice la presente legislatura.
La Ley convierte la asistencia social en un derecho subjetivo para todos los vascos y exigible ante los tribunales, no sujeto a disposición presupuestaria ni a la voluntad política del gobierno de turno. Ello hace prever que Euskadi necesitará multiplicar las plazas disponibles en residencias y geriátricos, en centros de día o de noche y en otros servicios como la teleasistencia o la ayuda a domicilio. El consejero Madrazo eludió fijar el esfuerzo económico que todo ello supondrá para la comunidad, aunque admitió que se requiere una aportación "muy importante".
El pacto con los socialistas retoca el proyecto de Ley elaborado por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales en varias cuestiones. Queda aclarado la forma que adoptará el copago, la parte que el usuario deberá financiar de los servicios de los que se beneficia. Para el cálculo de esa proporción se examinará el patrimonio y los ingresos de cada demandante -no de sus familiares- y en esa operación artimética queda exenta la vivienda habitual. Ésta sólo computará cuando tenga un valor excepcional, cuando se trate de "viviendas de lujo", aclaró Madrazo.
Los socialistas consiguieron introducir en la Ley la creación de órgano de gestión interinstitucional que se configura como el gran gestor de los servicios sociales en Euskadi, que determinará el mapa de prestaciones, repartirá las competencias y revisará que existe la financiación necesaria. Queda por negociar la creación de otra figura propuesta por los socialistas, la Alta Inspección, un órgano de control sobre la aplicación de la Ley por parte de las diferentes instituciones. El socialista José Antonio Pastor destacó que el texto legal viene a dar respuesta a una demanda histórica del PSE en relación con la equidad en la prestación de servicios en los tres territorios vascos.
Socialistas y EB manifestaron por separado su satisfacción por el acuerdo. La Ley estará completamente desarrollada en ocho años, aunque su aplicación será "progresiva", admitieron ambas formaciones.
