
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo. /EFE
PSOE y ERC pedirán al Gobierno un plan de prevención del fraude fiscal
El PSOE y ERC han alcanzado un acuerdo en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno que elabore un plan de prevención del fraude fiscal con el objeto de combatir la economía sumergida, que actue a diferentes niveles en función del territorio, sectores e impuestos afectados, según fuentes parlamentarias.
Este pacto, que será votado esta noche por el Pleno de la Cámara Baja, parte de la base de una moción presentada por la formación republicana como consecuencia de una interpelación que su portavoz parlamentario, Joan Ridao, dirigió hace dos semanas al vicepresidente económico del Ejecutivo, Pedro Solbes.
El texto pactado contempla que el plan se actualice cada dos años en función de los avances en la metodología de la Comisión Europea, y obliga al Ejecutivo a que informe con carácter periódico de las actuaciones de control del fraude realizadas por la Agencia Tributaria.
Asimismo, reclama fórmulas de coordinación y colaboración efectiva entre los organismos dependientes de la Administración central y de las autonómicas, potenciado la corresponsabilidad en la lucha contra el fraude. En este sentido, urge a la creación del consorcio entre la Agencia Tributaria central y la catalana, tal y como contempla el Estatut de Cataluña.
Además, insta al Gobierno a que antes de un año se deberá poner en marcha un censo único compartido de defraudadores con información procedente de los ámbitos central y autonómico, y a continuar avanzado en materia de desarrollo de la carrera administrativa y promoción profesional.
Solbes señala ante el Senado que "no es justo" que los que han ahorrado pierdan sus derechos por "la restricción de crédito"
Se mantiene sin embargo en cuatro años el plazo para hacer aportaciones con derecho a desgravación a la misma
Ocaña apunta que "no tiene sentido ampliar el plazo de aportaciones" ya que puede resultar "contraproducente"
La ministra de Vivienda consideró la amplicación razonable hace varios días a tenor de las dificultades para acceder a los créditos
El Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha confirmado que el Gobierno estudia conceder una moratoria en la devolución de los beneficios fiscales obtenidos en una cuenta de ahorro vivienda para quien no haya hecho efectiva la compra de un inmueble en cuatro años, como había avanzado esta tarde el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y ha especificado que la intención sería aumentar de cuatro a seis años el plazo para llevar a cabo la adquisición.
En una pregunta planteada por el senador popular José Manuel García Ballestero, Solbes ha explicado que con esta medida se mantendría en cuatro años el periodo en el que se pueden hacer aportaciones con derecho a desgravación a las cuentas de ahorro vivienda, mientras que el plazo para llevar a cabo la compra de la vivienda aumentará de los cuatro años actuales a seis años, porque "no es justo" que aquellos que hayan ahorrado pierdan sus derechos al no poder adquirir una vivienda "debido a la restricción de crédito".
Carlos Ocaña, que ha explicado en rueda de prensa los datos sobre ejecución presupuestaria, apuntaba esta tarde que "no tiene sentido ampliar el plazo de aportaciones a la cuenta vivienda, porque el problema no es seguir ahorrando dos años más" y puede acabar siendo "contraproducente". Sin embargo, sí ha considerado más lógico ampliar el plazo que tienen los contribuyentes para devolver los beneficios fiscales recibidos, para que en ese tiempo, aún sin determinar, puedan seguir buscando vivienda.
El pasado 20 de octubre, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor,
consideraba razonable la posibilidad de aumentar los plazos de la cuenta ahorro a tenor de las dificultades de los potenciales compradores de acceder a créditos. Asimismo, Corredor explicó que medida "no es una cuestión que entre en la competencia de Vivienda" y que "en cualquier caso, tendrían que decidir los que tienen alguna competencia en ello, el Ministerio de Economía y Hacienda y las entidades financieras".