Urkullu y Rubalkaba muestran su solidaridad a Gorka Agirre ante los juzgados. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón procesó ayer a ocho empresarios por pagar a la banda terrorista ETA el denominado 'impuesto revolucionario'. El magistrado, que dio por concluidos ocho años de investigación sobre el 'aparato de extorsión' de la banda (GEZI), acusa a dos de los industriales de colaboración con banda armada por ayudar de manera voluntaria a los terroristas, y a los seis restantes de un delito de omisión del deber de denunciar la extorsión a la que fueron sometidos. Además, sentará en el banquillo a dos intermediarios de los pagos y a catorce supuestos miembros de la organización terrorista, entre ellos el ex parlamentario de Euskal Herritarrok y posteriormente activista de la banda Jon Salaberria.
Entre los procesados están seis directivos y ex directivos de la empresa navarra Azkoyen, a los que el magistrado acusa de haber autorizado en 2001 y 2002 el desembolso de 37 millones de las antiguas pesetas como pago del 'impuesto revolucionario'. Se trata de los presidentes, consejeros, directores y administradores Ignacio Orbaiceta, José María Careaga, Francisco Elizalde, Ricardo Armendáriz, Ignacio Moreno y Jesús Marcos Calahorra. Todos ellos son procesados por haber ocultado la extorsión, un delito penado con entre seis meses y dos años de prisión, por lo que, al no tener antecedentes, ninguno de ellos entrará en la cárcel.
El magistrado explica que «a pesar de las actuaciones realizadas para ocultar el pago», estos industriales sólo buscaban «su propia protección» y no «colaborar con ETA». Garzón exculpa a otros dos directivos de la empresa que, según asegura, se opusieron de manera activa a que Azkoyen allegara fondos a la banda y que se negaron a participar en los dos pagos que se hicieron por entonces (25 millones y 12 millones).
54.000 euros
Diferente es la situación de los empresarios José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, socios de la empresa Azysa, acusados de haber pagado en abril de 2006 la cantidad de 54.000 euros a ETA con «carácter voluntario». Ambos se sentarán en el banquillo imputados por colaboración con banda armada, penado con de cinco a diez años de cárcel, porque el magistrado considera que su pago no fue la respuesta a una «coacción o amenaza», sino que lo hicieron de forma «consciente y voluntaria» para apoyar el «desarrollo de la actividad criminal de ETA».
Garzón, que el próximo 17 de noviembre ha citado a los ocho empresarios para comunicarles que serán enjuiciados, procesa también por colaboración con organización armada a los intermediarios a los que recurrieron tanto Azkoyen como los familiares del empresario José Miguel Sobrino para conectar con el aparato GEZI: Juan José Urruti y Alfonso Martínez de Lizarduy. Este último, según el auto, negoció los pagos de Azkoyen a ETA con el propio Salaberria.
Junto a los empresarios e intermediarios, el juez procesa a catorce dirigentes de la banda y supuestos miembros del aparato de extorsión, la mayoría relacionados con la operación de la Policía Nacional en junio de 2006 contra la trama de cobros del 'impuesto revolucionario' que tenía como base el bar Faisán de la localidad guipuzcoana de Irún. Las acusaciones contra ellos son diversas: pertenencia a ETA, colaboración con la banda o amenazas terroristas.
Entre los acusados, además de Salaberria, se encuentra Soledad Iparraguirre, 'Anboto', 'número dos' de ETA hasta su captura en Francia en 2004 y máxima responsable del 'impuesto revolucionario', y sus más cercanos colaboradores en GEZI: Iñaki Arietalianiz, Asier Mardones, Pedro Esquisabel, Kikitza Gil de San Vicente y Zigor Merodio, la mayoría presos desde hace tiempo en el país vecino.
También será juzgado por tres delitos de amenazas terroristas el dueño del bar Faisán, el anciano Joseba Elosua. Según el magistrado, participó activamente en la «gestión del cobro a diferentes empresarios» y en la distribución de las misivas del 'impuesto' en las campañas de extorsión de marzo y agosto de 2005, y febrero de 2006. Garzón asegura que el bar Faisán era «el lugar en el que solían efectuar los diferentes contactos para canalizar las diferentes remesas de cartas de extorsión y realizar las labores de gestión de cobro y pago de las cantidades exigidas por ETA».
Recurso de la acusación
El juez deja fuera de la causa a once personas que hasta ahora habían estado imputadas. Entre ellos destaca Gorka Agirre, ex miembro del Euzkadi buru batzar del PNV y sobrino del ex 'lehendakari' José Antonio Agirre, que declaró como acusado en dos ocasiones, en ambos fuertemente apoyado por los dirigentes de su partido. Garzón, que en principio también le acusó de haber intermediado en la red del bar de Irún, sostiene ahora que «a pesar de que ha mantenido una amplia relación a través de encuentros en diversos lugares y conversaciones con el dueño del bar Faisán de contenido aparentemente críptico e incriminatorio», las diligencias practicadas en la causa «han desvirtuado en gran medida las imputaciones» contra el dirigente nacionalista.
Ayer mismo, la asociación Dignidad y Justicia, personada como acusación en el sumario, anunció que recurrirá esta decisión del juez de Garzón de no imputar al ex dirigente nacionalista Gorka Agirre, ya que «aparece en todas las conversaciones recogidas en el sumario».
El juez da por concluida la investigación sobre la red de extorsión, pero mantiene aún abierto el sumario que desgajó de esta causa sobre el supuesto 'chivatazo' que supuestamente alertó a ETA sobre la operación de junio de 2006 contra la red que operó desde el bar Faisán.
