TRIBUNALES
Se encontraba encarcelado desde mayo por haber mantenido una reunión con dirigentes de ETA
25.10.08 - 12:55 -
El ex alcalde de Andoain José Antonio Barandiarán fue puesto ayer en libertad bajo fianza de 12.000 euros, tras permanecer cinco meses encarcelado por haberse reunido en Francia con dirigentes de ETA, según ha informado la organización Askatasuna. Barandiarán, que fue alcalde de Andoain en representación de Batasuna, fue detenido por la Guardia Civil el pasado 21 de mayo dentro de la misma operación que permitió la captura en Francia de cuatro miembros del "aparato político" de ETA entre los que se encontraban Francisco Javier López Peña, 'Zulos', Jon Salaberria y Ainhoa Ozaeta.
Los agentes que vigilaban a los etarras antes de su arresto fueron testigos el 18 de mayo de una reunión celebrada en la localidad francesa de Arcachon entre López Peña y Ainhoa Ozaeta con el ex alcalde de Andoain. Ozaeta había sido compañera de corporación de Barandiarán ya que fue elegida concejal de Batasuna en Andoain. Por ese motivo el ex alcalde fue detenido y encarcelado.
José Antonio Barandiarán ya fue condenado a siete años de inhabilitación por comprar con fondos públicos un ordenador para un dirigente de ETA encarcelado en Francia. El tribunal le consideró culpable de un delito de prevaricación, pero le aplicó la atenuante de haber devuelto el dinero al consistorio. El ordenador, que costó 2.055,72 euros, fue pagado con fondos municipales que fueron entregados a los familiares del ex jefe del "aparato logístico" etarra Asier Oiartzabal Txapartegi, Baltza, que se encuentra encarcelado en Francia desde septiembre de 2001.
El pago del dinero fue hecho pese a la oposición de la interventora municipal que advirtió que constituía un acto nulo de pleno derecho al no existir una consignación presupuestaria de fondos para cubrir esos gastos y que era el pleno el que tenía que decidir la cuestión.
La Audiencia de San Sebastián, en la sentencia en la que condenó a Barandiarán en noviembre de 2007, señaló que el informe de la interventora era preceptivo por lo que tenía que haberse suspendido el expediente hasta que el órgano municipal competente resolviera la cuestión. No obstante, el tribunal absolvió al alcalde de la acusación de malversación de fondos por la que el fiscal le pedía cuatro años al estimar que la compra del ordenador perseguía la "reinserción social" del recluso.
