ÁLAVA
La Diputación ha abierto 9.700 expedientes de
personas que han pedido una plaza residencial
o prestaciones económicas para su atención
25.10.08 -
Un hijo ayuda a limpiar a su madre. / E. C.
TIPOS DE AYUDAS
El goteo de personas que cada día acuden a la Diputación para solicitar el amparo de la Ley de Dependencia no cesa. Desde su entrada en vigor el 25 de abril de 2007, se han abierto 9.752 expedientes, de los que 8.965, un 92%, ya conocen el grado de dependencia que sufren. Así lo anunció ayer en las Juntas Generales la diputada de Política Social, Covadonga Solaguren, quien explicó que 6.577 alaveses están recibiendo alguna de las prestaciones contempladas en la ley. Sin embargo, los fallecimientos que se han ido registrando en estos últimos meses ha rebajado la lista de expedientes activos a 8.965, de los que el 45% corresponde a grandes dependientes.
La oferta de servicios residenciales del Instituto Foral de Bienestar Social es muy variada. Entre centros de día, centros ocupacionales, residencias, viviendas comunitarias o ayudas en el domicilio propio, el área de personas mayores y la de aquellas que sufren alguna discapacidad dan cobertura a un total de 3.725 vecinos de la provincia.
Un caso diferente es el de las ayudas económicas, principal novedad de la revolucionaria ley. Existen dos tipos. La más habitual es la prestación concedida para el cuidado del dependiente en su entorno familiar. Ahora, 2.487 personas valoradas con el grado III o el grado II, nivel 2, reciben hasta 406 y 597 euros al mes. Por su parte, 365 alaveses que residen en geriátricos privados también perciben una prestación económica mensual para hacer frente a la factura de la residencia.
Otro de los datos aportados por la diputada indica que 975 personas valoradas como dependientes por el IFBS murieron antes de recibir la ayuda foral por mal estado de salud. De estos expedientes, en 31 casos se otorgó a los herederos la mensualidad que le correspondía al fallecido.
Solaguren también se felicitó de que los tiempos de valoración son mucho más reducidos que lo que exige la ley, reduciéndose todo el proceso a menos de tres meses.
