«¿Sintieron que eran hostigados por parte de la familia que vivía en el piso de arriba?», preguntó la fiscal a la dueña de la planta baja de la casa Tangora, de Neguri. «Constantemente. Aquello no era vivir: era una tensión continua, miedo a lo que nos iba a pasar. Esos 14 meses fueron una enfermedad de la que todavía no me he curado», respondió Teresa E. «¿Se sintió humillada, denigrada?», continuó el interrogatorio. «Absolutamente. Me sentí atacada. No habíamos hecho nada y tuvimos que soportar graves inundaciones, ruidos, amenazas, destrozos...», respondió la mujer, muy afectada. Fue uno de los momentos de más tensión del juicio que se celebra en Bilbao por acoso inmobiliario, en el que se trata de dilucidar si un hostelero cedió su piso en un palacete del barrio residencial de Getxo a un clan gitano conflictivo en venganza porque no había podido adquirir las otras plantas y con el objetivo de expulsar a sus dueños.
El ministerio público solicita más de ocho años para los cuatro acusados: Juan José R., el empresario que alquiló la casa por un euro, y tres de sus inquilinos, Dolores E.; su marido, Rafael B; y su hijo Arturo B. E. Se les imputan los delitos de acoso moral, robo, allanamiento de morada, amenazas y destrozos. Los vecinos llegaron a presentar más de 40 denuncias durante el tiempo que residió la extensa familia de gitanos en la vivienda, entre julio de 2003 y agosto de 2004, fecha en la que fue desalojada por orden judicial.
El matrimonio compuesto por José Ignacio R. y Teresa E., que ocupaba la planta baja, describió su dura convivencia con más de 30 miembros del clan. Recordaron que el empresario había comprado uno de los tres pisos del edificio y les hizo una oferta para quedarse con el que tenían ellos alquilado. «Nos ofreció una cantidad de dinero para que no ejerciéramos nuestro derecho a adquirir el piso en el que residíamos. No aceptamos», declaró José Ignacio R. Su siguiente recuerdo es ver «desembarcar» a los miembros de la amplia familia, «con sus hatillos», en la casa de arriba. Era el 25 de julio de 2003. «No olvidaremos esa fecha. Antes de que llegasen ya nos habían advertido de que el hostelero iba a meter gente conflictiva en el piso», añadió.
Basuras en el jardín
Tampoco olvidarán nunca las graves inundaciones que sufrió su hogar desde ese momento. «Eran dramáticas. Se nos llegaron a desplomar dos techos. La casa quedó destrozada. Cada vez que daban la bomba nos caían las aguas fecales por el techo y corrían por el suelo de la cocina. Teníamos que recoger todo aquello. Era terrible», declaró el vecino. Su mujer recordó angustiada las madrugadas que había pasado «poniendo palanganas por el agua que bajaba por las paredes». «¿Por qué cree que las filtraciones eran provocadas?», le preguntó la fiscal. «Por su magnitud. Porque caía el agua a chorros en habitaciones diferentes. ¿Se pueden romper todas las tuberías a la vez?», le contestó la mujer. Según su declaración, las inundaciones acabaron cuando se desalojó al clan gitano.
Las basuras que aparecían en su jardín fueron otra de sus pesadillas. «Tiraban por la ventana colchones, vídeos, pañales sucios, ropa, restos de comida... Mi jardín se convirtió en un vertedero. En una ocasión tuve que gritar a mi marido '¡cuidado!' para que esquivara un aparato de música», explicó Teresa E. «Y los taconeos y música por la noche no nos dejaban dormir. Teníamos que agarrar las lámparas de lo que se movían», comentó su marido.
La mujer describió como uno de los momentos de más tensión cuando la acusada Dolores E. le advirtió: «Vamos a entrar por las buenas o las malas», en referencia a su jardín. «Robaron en la última planta. Forzaron nuestra valla y rompieron los cristales de la ventana. Nos sentíamos amenazados. Estábamos convencidos de que iban a entrar en cualquier momento. Vivíamos en tensión», señaló José Ignacio R.
La fiscal también le preguntó si consideraba que las acciones estaban «preparadas» por el dueño de la otra casa para vengarse. «Creo que tuvo una operación frustrada y tomó medidas desproporcionadas y crueles», contestó. «¿Se sintió amenazado?», añadió la representante de la acusación pública. «Cuando fueron desalojados por orden judicial me gritaban: '¡Te vamos a matar!'», le contestó.
La vecina de la planta baja sufrió secuelas psíquicas. El médico que testificó ayer confirmó que había padecido un trastorno de ansiedad y depresión, que coincidió con el inicio del conflicto. Tuvo que tomar tranquilizantes y antidepresivos. La denunciante se mostró aún muy afectada y tuvo que abandonar la sala al no poder contener el llanto.
En la vista declararon la propietaria de la última planta del inmueble, Vitoria L., y su hija. Confirmaron que el hostelero de Erandio les ofreció comprar su vivienda. «No aceptamos», recordaron. Su hija detalló el robo en su casa, por el que están imputados algunos miembros de la familia gitana. «Me desvalijaron el piso. El televisor y la vajilla aparecieron en el piso de los acusados», declaró.