L a confirmación por la Administración Bush de que la cumbre mundial para revisar las bases del sistema financiero se celebrará el 15 de noviembre en Washington y que en ella participarán los integrantes del G-20, entre los que no se encuentra España, refleja tanto una positiva celeridad en la convocatoria de la asamblea como los límites y las cortapisas a las que ya se está enfrentando la misma. El hecho de que la cita se haya previsto para apenas una semana después de las elecciones en EE UU permitirá afrontar en un plazo razonable las consecuencias globales de la tormenta financiera y su efecto sobre la economía real. Pero es exigible que el anfitrión, un Bush a punto de abandonar la Casa Blanca, delimite con mayor claridad el papel que pretende desempeñar y, sobre todo, el que asumirá quien entonces será ya su sucesor. Pero al margen de cómo se articule el nuevo protagonismo estadounidense en un escenario en el que la globalidad de la crisis ha forzado decisiones de carácter multilateral, la reducción inicial de la cumbre a una reunión del G-20 acota la pretensión de transformarla en una cita de la envergadura de la que estableció los principios del sistema financiero internacional en Bretton Woods en 1944.

La conveniencia de asegurar la operatividad de la cumbre con una cifra de asistentes más limitada, la cual aunaría el foro tradicional de los países más desarrollados con los emergentes, no debería convertirse sin embargo en una traba para el éxito del encuentro, ni tampoco desdeñar por principio la consideración que merecen Estados que han acreditado su solvencia en los últimos años. Es el caso de España, cuya exclusión podría explicarse por la concurrencia de factores económicos con otros derivados de su modesta representatividad en la política internacional, pero sin que eso salve la paradoja que supondría que acabe quedándose fuera de la cita el país europeo que mejor ha garantizado la fortaleza de su sistema financiero. Y más allá de las legítimas aspiraciones nacionales, la restricción en los países invitados tampoco debería condicionar o constreñir el contenido de los debates, que en ningún caso pueden ceñirse a la evaluación de las consecuencias de la crisis y de las iniciativas aprobadas para tratar de paliarla.

La cumbre está obligada a imprimir un impulso nítido a las reformas del sistema financiero y sus mecanismos de regulación y supervisión que corrijan las fallas que han propiciado la crisis actual a través de un consenso multilateral. Especialmente cuando la persistente fragilidad de los mercados; la amenaza de recesión; la aparición de nuevos focos de incertidumbre como los procesos de nacionalización en Latinoamérica; la creciente penetración de los fondos soberanos procedentes de Estados emergentes; y retos ineludibles como la lucha contra el hambre o el cambio climático van a erigirse en desafíos colectivos que precisarán de respuestas y compromisos de alcance global.