La consigna es clara: «toca apretarse el cinturón». Se puede decir más alto, pero no más claro. La coyuntura de crisis internacional provocará que la Hacienda alavesa cierre el año con una severa caída en la recaudación de impuestos de 149 millones de euros. Este impacto afectará de forma notable a los presupuestos de la Diputación para el próximo ejercicio, que incorporarán un considerable incremento de la deuda pública para poder hacer frente al compromiso inversor ya contraído. Según las previsiones del Gabinete Agirre, superará los 300 millones a 31 de diciembre de 2009, más de la mitad del presupuesto propio de este año, cifrado en 548.
Así lo confirmó ayer el diputado de Hacienda, José Luis Cimiano, en declaraciones a EL CORREO. El político peneuvista describió una realidad de la economía alavesa no muy boyante pero tampoco tan «alarmista» como, en su opinión, han intentado describir ciertos sectores de SEA, que han augurado «cierres de empresas y expedientes de regulación de empleo masivos» a corto plazo. No hay que olvidar que el territorio llevaba catorce años consecutivos registrando aumentos importantes de la recaudación.
Pese a todo, el titular de Hacienda no dudó en reconocer que el índice de producción industrial está en claro retroceso aunque las exportaciones o el empleo tengan un buen comportamiento. Esta conjunción de factores se traducirá en una caída de ingresos en Álava, que no se recuperará, en teoría, hasta el segundo semestre de 2009. «Tanto este año como el que viene vamos a recaudar menos dinero que en 2007. Como los malos estudiantes, no nos queda más remedio que repetir curso en cuestión de ingresos», lamentó.
Según consta en el presupuesto de este año, la Diputación cerrará el ejercicio con una deuda aproximada de 272 millones. A los 255 heredados del Gabinete Rabanera (PP), se sumaron otros 50 para afrontar inversiones. El lado positivo es que se han conseguido amortizar 32. Pero al lastre de estos 272 millones de 2008 habrá que sumar otros «80 u 85» de este año, lo que disparará el déficit por encima de los 300 millones aunque se pretenda realizar otro importante esfuerzo para costear parte de lo que se debe.
El lastre del PP
Pese a que en la época de los gobiernos de Rabanera el PNV se caracterizó por criticar el endeudamiento foral, el diputado general, Xabier Agirre, ya advirtió de que «si en algún momento hay que endeudarse, éste es el adecuado», en referencia a la crisis económica. Cimiano, en este sentido, denunció ayer que cuando el tripartito llegó a la Diputación las cuentas distaban mucho de estar saneadas y lamentó que en época de bonanza no se hubiera apostado por el ahorro.
Y todo ello sin contar con el lastre que supone la financiación de la autopista de peaje que unirá Vitoria y Eibar (AP-1) a partir de Semana Santa. Todavía se desconocen las cifras finales del sobrecoste en su construcción, pero podrían rondar los 50 millones, lo que supondría engrosar el debe de la deuda. «El modelo de financiación adoptado por el PP en su día es perverso. En lugar de que las constructoras o la sociedad foral Vías de Álava se hagan cargo de los desvíos, este dinero recae sobre las espaldas de la Diputación», lamentó Cimiano.
Así que se desconoce si el Gabinete Agirre pedirá un nuevo crédito o ideará alguna fórmula para poder afrontar esta 'patata caliente'. Como adelantó este periódico, la Diputación acudió al Banco Europeo de Inversiones (BEI) para interesarse por una refinanciación de los créditos de más de 100 millones firmados con la banca privada. La consulta recibió el «no» del organismo comunitario porque sólo financia y no refinancia proyectos. De haberse consumado esta opción, Álava hubiera conseguido un tipo de interés inferior al euríbor frente al punto y medio por encima que tiene en la actualidad.
Mantener inversiones
Con todo, el Gabinete Agirre no tendrá más remedio que elaborar unas cuentas marcadas por la austeridad y la contención del gasto corriente. «La reducción del gasto no significará una disminución de las inversiones», matizó el diputado. Las líneas ya están marcadas: servicios y equipamientos sociales, infraestructuras, innovación y equilibrio territorial.
La previsión es que todos los departamentos forales sufran una reducción en su presupuesto, salvo el de Política Social y Asuntos Sociales, que seguirá copando el 35% del gasto, en torno a 200 millones.