crispación en la judicatura
El paro de los secretarios y las juntas de jueces obligan a aplazar miles de vistas, mientras el Ejecutivo advierte de que nadie es «intocable»
La judicatura y los secretarios de los juzgados echaron ayer un pulso al Gobierno por las sanciones disciplinarias impuestas al magistrado Rafael Tirado y a la secretaria judicial Juana Gálvez, quienes se olvidaron de encarcelar al pederasta que con posterioridad asesinó presuntamente a la niña Mari Luz Cortés. El paro de tres horas convocado por los compañeros de Gálvez en toda España, así como las juntas celebradas por los jueces -no tienen derecho de huelga-, provocaron el aplazamiento de miles de vistas y diligencias; entre ellas, la declaración del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz o el juicio a los cuatro atracadores acusados de matar a un joyero en Madrid.
La jornada había sido caldeada la víspera con sendos comunicados de medio centenar de magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. En ellos arremetían contra el Ejecutivo por haber exigido que Tirado, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, reciba una sanción ejemplar. El presidente Zapatero, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, declararon en varias ocasiones que les parecía insuficiente la multa de 1.500 euros que le impuso el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pasado lunes, el PSOE insistió en que la suspensión de dos años a Juana Gálvez por el Ministerio de Justicia es un castigo «proporcionado».
La masiva respuesta a la convocatoria de paros y el reguero de reuniones que los jueces organizaron ayer en todo el territorio nacional pusieron de manifiesto el profundo malestar con el que la judicatura ha acogido las manifestaciones del Gobierno. Y sirvieron para lanzarle una advertencia, ya que los secretarios amenazaron con repetir las protestas el próximo mes.
De momento, los magistrados que acudieron a las juntas abordaron la nota emitida a comienzos deoctubre por la comisión nacional de jueces decanos, en la que se denunciaban las injerencias del Gobierno en el 'caso Mari Luz', al tiempo que se llamaba la atención sobre la falta de personal y medios materiales que aquejan a la Administración de Justicia.
Con el telón de fondo de las movilizaciones, el nuevo CGPJ se apresuró a recordar que actuará siempre «con total independencia y responsabilidad» al analizar la pretensión del fiscal de castigar al juez Tirado con una suspensión de tres años. Asimismo, aseguró que los trastornos que se produjeron ayer en los juzgados fueron achacables no a la protesta de la carrera judicial, sino a la huelga de los secretarios.
Hasta el 90%
Según el Ministerio de Justicia, el paro convocado por ese grupo de funcionarios entre las 10 y las 13 horas fue seguido por el 73%. En Andalucía, la comunidad en la que estalló el 'caso Mari Luz', la respuesta a la huelga fue del 77%, y en Madrid, de casi el 80%. En la Audiencia Nacional alcanzó el 90,8%.
A pesar de esas cifras, el ministro de Justicia no rebajó el tono de sus reproches y tildó las protestas como un intento de «presionar» al Poder Judicial. Mariano Fernández Bermejo no dudó en calificar de «huelga encubierta» la movilización de los jueces. «Si hay alguien pretende ser intocable, no lo conseguirá», amenazó. «En el Estado de Derecho, si hay una negligencia tan grave, funcionan los mecanismos y se sanciona».
El ministro acusó a los secretarios judiciales de haber orquestado «una defensa corporativa» alrededor de Gálvez y consideró que la reacción de los jueces fue «lamentable».
Los partidos políticos no permanecieron ajenos a la convulsa jornada vivida por la Administración de Justicia. El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, subrayó que la huelga de funcionarios «carece por completo de justificación» y negó de plano que el Ejecutivo pretenda interferir en la labor del Poder Judicial.
Por su parte, el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, consideró que se han incurrido en «excesos de opinión» al criticar la multa de 1.500 euros impuesta al juez Tirado, ya que, a su modo de ver, «desde la política no debe hacerse una valoración de las sanciones disciplinarias».
