Se mostró «muy tranquilo» y reiteró que es «inocente». El que fuera alcalde de Labastida entre 1999 y 2007, el popular Ignacio Gil Orive, compareció ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria para desmentir «punto por punto» la denuncia tramitada por la Fiscalía y en la que le imputa la comisión de cinco presuntos delitos en la tramitación del proyecto de construcción de un campo de golf de 18 hoyos y 750 viviendas en un municipio de apenas 1.500 habitantes. Tras hora y media de declaración arremetió con dureza contra el fiscal jefe de la Audiencia Provincia, Josu Izaguirre, al acusarle de haberle imputado sin pruebas.
«Estoy muy tranquilo porque por fin he podido decir mi verdad ante la jueza y porque ahora se podrá investigar de forma correcta», manifestó minutos antes de las tres de la tarde en los pasillos del Palacio de Justicia. En su línea de desacreditar el trabajo del máximo representante del Ministerio Público, el ahora juntero del PP llegó a señalar que la instrucción del sumario ha sido «un auténtico desastre».
La denuncia se hizo efectiva el pasado 8 de julio tras seis meses de investigación. Cinco son los delitos que se le atribuyen: malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas. ¿El motivo? La transmisión de terrenos de propiedad pública a la sociedad promotora del golf a un precio «muy inferior» al de mercado para lograr en las operaciones importantes plusvalías.
Respaldo del pleno
Éstas, según consta en la denuncia del fiscal, no se tuvieron en cuenta a la hora de hacer las tasaciones de los terrenos, de forma que se valoraron como «improductivas», «cultivo de secano» o «erial de pastos». Y todo ello con «manifiesto perjuicio del patrimonio público».
Pese a que la aparejadora de LKS declaró hace meses ante el Ministerio Fiscal que desconocía la existencia de un proyecto de golf sobre los terrenos que tasó, ayer, Gil Orive recalcó que se hicieron varias tasaciones -no sólo de LKS- y que todas se realizaron «de forma legal».
Otro de los argumentos que volvió a repetir el político popular fue que todos los acuerdos adoptados desde 2003 en torno al proyecto estuvieron respaldados por el pleno del Ayuntamiento. «Toda la Corporación y todo el pueblo estaba al tanto», apostilló en su defensa.
Junto a él, el fiscal ha imputado a otros tres empresarios guipuzcoanos por la presunta comisión de los mismos cinco delitos. Ayer sólo declaró uno de ellos, L. S., por la huelga de secretarios judiciales. Los otros lo harán en próximas fechas.
Este proceso judicial no ha hecho más que estancar aún más un proyecto que sufre una fuerte contestación social y el rechazo del alcalde Higinio Arinas (EB). El PP y el PNV, mayoría en el pleno, siguen creyendo en él.