ÁLAVA
El Gabinete Agirre
tiene la opción de
rescatar la gestión
durante dos años por
deficiencias del servicio
19.10.08 -
Residentes del geriátrico, durante un acto. / EL CORREO
Lo han pedido de forma reiterada la oposición, los familiares de los residentes e incluso las trabajadoras del centro. Pero la ruptura del contrato que ata a la Diputación hasta 2046 con Mapfre-Quavitae en la gestión del geriátrico Ariznabarra es de una gran complejidad técnica y económica. Según las fuentes jurídicas consultadas por EL CORREO, quebrantar ese convenio podría suponer hasta 300 millones de euros a las arcas forales, en el peor de los casos.
La huelga impulsada por las trabajadoras hace ya ocho meses ha motivado numerosas críticas de los familiares, llegando incluso a presentarse una denuncia formal ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vitoria, ya admitida a trámite y derivada al juzgado al existir indicios de un presunto delito. Desde hace un mes, los paros se realizan todos los días de la semana durante siete horas por jornada, y si las amenazas del comité de empresa se cumplen, el conflicto se alargará 'sine die' hasta que la empresa no acepte la firma de un convenio laboral «justo».
Ante esta tesitura y con el precedente de la huelga de 2003 -también duró ocho meses-, los grupos junteros han comenzado a pedir al Gabinete Agirre que rompa el contrato para que la gestión del servicio la realice el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS). No hay que olvidar que Ariznabarra es la única residencia de titularidad foral cuyo servicio está concertado a una empresa privada. De momento, la Diputación ya ha abierto un expediente informativo tras recibir un mandato de las Juntas que le insta a negociar con la empresa si en el plazo de un año no se restablece la normalidad.
Falta de concreción
¿Pero cuánto cuesta romper la relación con Quavitae? Depende. Toda ruptura del contrato de forma unilateral por parte de la Diputación llevaría aparejada un recurso de la empresa ante los tribunales, lo que podría dilatar el contencioso varios años. Si el juez decide que la decisión no está lo suficientemente justificada, el Gabinete Agirre podría ser condenado a abonar los 37 años que aún quedan por satisfacer e incluso una indemnización por daños y perjuicios. El montante total podría rondar los 300 millones. Sólo este año, el IFBS ha destinado al geriátrico 7,2 millones para atender las necesidades de los 140 mayores que allí residen.
En el mejor de los casos, es decir, siempre que la deficiencia del servicio sea indudable o que se produzca un incumplimiento flagrante del contrato, el coste para la institución foral podría ser mínimo. Éste se firmó en 1998 con una vigencia de 45 años a partir de la apertura de la residencia (2001). El problema es que el contrato, al que ha tenido acceso este periódico, adolece de concreción en el apartado sancionador.
También podría darse el caso de una negociación amistosa con Quavitae, una opción a día de hoy descartada tanto por los deseos de continuidad de la empresa como por el alto coste que supondría -varias decenas de millones- en una coyuntura de crisis económica.
Pero existe otra vía que podría explorarse. El documento contractual contempla el rescate del contrato por el IFBS durante un «periodo máximo de dos años» si se considera que el servicio prestado no es el idóneo.
