crisis económica mundial
El gobernador insiste en que las iniciativas de fusión habrán de ser voluntarias
Fernández Ordóñez, durante su intervención de ayer. / EFE
El gobernador del Banco de España asegura que bancos y cajas españoles no precisan, en este momento, aportaciones de capital público, pero van a tener que aplicar ajustes, ya sea mediante fusiones, recortes de gastos o limitando sus planes de expansión, porque a cada uno de ellos les corresponde decidir «voluntariamente» la fórmula adecuada; eso sí, sin verse forzados «en ningún caso».
Zapatero comentó el miércoles en el Congreso que la crisis puede ser un acicate en los procesos de concentración, y Miguel Ángel Fernández Ordóñez comentó ayer -al término de la presentación pública de un informe sobre la inmigración en el Banco de España- que el jefe del Ejecutivo no había hecho sino repetir sus argumentos. Las entidades de crédito españolas, que han resistido muy bien la crisis, no podrán evitar enfrentarse a duros retos inmediatos, que van desde el alto coste de la financiación al aumento de la morosidad, pasando por el debilitamiento de su negocio.
Para hacer frente a estos impactos, insistió, «cada entidad debe hacer lo que considere oportuno». Y evocó, sin citarlo, el caso del Banco Popular, que ha fusionado sus propias filiales.
Fernández Ordóñez no quiso entrar, ni siquiera de refilón, en una eventual reforma de la legislación de las cajas de ahorro que pudiera despejar el camino a las fusiones entre entidades de diferentes territorios. «Ese cambio no es competencia del Banco de España -zanjó-, que se limita a aplicar las normas existentes para, a través de ellas, llevar a las cajas a un funcionamiento más próximo a las condiciones de mercado».
Satisfecho con los líderes
El gobernador se declaró «satisfecho» porque el presidente del Gobierno y el líder del primer partido de la oposición hayan confiado en el instituto emisor como «ejecutor» del paquete de medidas de ayuda al sector financiero. Puntualizó que la banca española tendrá acceso a todas las opciones acordadas para los países de la Unión Monetaria, lo que incluye avales y recapitalización, pero insistió en que las entidades no necesitan la aportación de capital público. Es decir, que nadie piensa en renacionalizaciones.
Para ejercer como gestores, «tenemos la capacidad técnica y el conocimiento», observó. Recordó que «la norma la establecerá el Ministerio de Economía, y el presidente del Gobierno ya ha dicho que el Congreso desempeñará un papel de control». Respecto a las insistentes demandas del PP, que exige conocer si empresas y familias serán los destinatarios finales de los créditos que concederá la banca a través del fondo de adquisición de activos, apuntó que «esas, y otras precisiones, tendrán que estar en la normativa» que el Banco de España se limitará a aplicar.
No llega la calma
Fernández Ordóñez explicó las razones por las que, a su juicio, las acciones de los gobiernos no han llevado la calma a los mercados. Los inversores que operan en las bolsas de valores -dijo- han comprobado la ya evidente desaceleración de las economías de los países más desarrollados. Por eso descuentan, además de la crisis financiera, que los beneficios de las empresas se van a ver afectados por el debilitamiento de la actividad.
Y también encontró motivos para la prolongación de la desconfianza en el mercado interbancario. Cierto que el euríbor está bajando, pero aún no se perciben cambios sensibles en el conjunto, evaluó. Y es que los grandes planes de rescate de Estados Unidos, Reino Unido o el resto de la Unión Europea no están desarrollados al detalle. Ni siquiera el norteamericano, del que han transcurrido varias semanas desde el anuncio, «está plasmado en el papel, negro sobre blanco», añadió. Por eso «se necesita tiempo».
Respecto a la inflación, dijo que es «evidente» que existen menores riesgos de aumento si hay un menor crecimiento de la economía, lo que habría justificado la última rebaja de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), que los situó el pasado día 8 en el 3,75%, tras una rebaja de medio punto coordinada con la Reserva Federal y otros bancos centrales.
