TRÁFICO
La sanción más alta en la actualidad para los infractores se limita a una multa de 90 euros
La Comisión sobre Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad una iniciativa de ICV en la que se insta al Gobierno a que realice las modificaciones oportunas para que los conductores que aparquen en plazas reservadas para las personas con minusvalías sean sancionados con la retirada de dos puntos del carné. Así, la propuesta solicita al Ejecutivo que modifique la Ley sobre Tráfico, Circulación, Vehículos a Motor y Seguridad Vial para que este aparcamiento indebido sea tipificado como infracción grave y no sólo como leve, que en la actualidad conlleva una sanción económica que puede ascender a 90 euros.
La iniciativa pretende asimilar el hecho de estacionar en sitios reservados a discapacitados con hacerlo en carriles de transporte urbano o en lugares peligrosos que obstaculicen la circulación, que comportan ya la pérdida de dos créditos. El autor de la iniciativa, el diputado de ICV Joan Herrera, destacó que en muchas ocasiones los automovilistas con minusvalías utilizan el coche por «la inaccesibilidad del transporte público», y recordó el peligro que supone para estas personas «tener que estacionar y descender del vehículo en espacios no adecuados». «La propuesta es de puro sentido común y tiene una finalidad disuasoria», recalcó durante el debate.
El comité español de representantes de personas con discapacidad (Cermi) y el Foro de Vida Independiente han denunciado que todavía «no existe un respeto pleno para los estacionamientos reservados» a este colectivo, por lo que también abogaron «por la retirada de puntos del carné como manera de sensibilizar a la sociedad». «No podemos permitir que en pleno siglo XXI la sociedad discrimine a las personas con discapacidad en aspectos tan elementales como el transporte», concluyó Herrera.
Las asociaciones de conductores calificaron de «auténtica barbaridad» la decisión. El director jurídico del Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), Eugenio de Dobrynine, se declaró «absolutamente en contra» de esta medida porque el carné por puntos «debe estar destinado exclusivamente a reducir los accidentes de circulación». Durante el año pasado, la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco quitó un total de 140.352 créditos a 46.000 automovilistas de la comunidad.
