requiere de la reforma del Código Penal
Rubalcaba quiereque la futura ley de damnificados entre enel Congreso de la mano de todos los partidos
El presidente de la AVT, García Casquero, en el centro, junto a otras víctimas en la reunión con Rubalcaba. / EFE
La petición fue unánime: los asesinatos terroristas no deben prescribir jamás. Todas las asociaciones y fundaciones de víctimas reclamaron ayer al Ministerio del Interior que la futura ley integral que prepara el departamento declare de manera expresa que los crímenes más graves cometidos por bandas armadas nunca caducarán por mucho tiempo que pase sin que se conozca el nombre del verdugo. La persecución sin fin de los asesinos requiere de la reforma del Código Penal. Los colectivos pidieron, además, la puesta en marcha de un registro en el que figuren todas y cada una de las víctimas y la situación de su causa penal para evitar que ningún terrorista pueda eludir su responsabilidad por errores de la Administración.
La primera reunión entre los responsables del Gobierno y los cuarenta colectivos de víctimas para elaborar la futura normativa se desarrolló en un ambiente de cordialidad inimaginable la pasada legislatura. Las propuestas, al margen de las líneas ya marcadas por la Dirección General de Apoyo a las Víctimas, no faltaron.
Además de la persecución hasta el final de los asesinatos terroristas, todas las fundaciones y asociaciones coincidieron en pedir mejoras jurídicas, incluso al margen de la futura ley, para exigir a los verdugos el pago íntegro de las indemnizaciones fijadas en sentencia e impedir que puedan sustraer dinero o bienes para evitar afrontar su responsabilidad civil.
También hubo consenso entre todos los participantes en que el texto en elaboración defina y acote el término de víctima del terrorismo y sus beneficios, sobre todo ahora que el Gobierno está dispuesto a incluir en esa categoría a los acosados en el País Vasco y Navarra aunque sólo a efectos de concederles un reconocimiento político sin ayudas económicas directas.
Casi todas las asociaciones respaldaron también la solicitud de Dignidad y Justicia de que la nueva norma sancione, al menos administrativamente, el enaltecimiento terrorista por parte de municipios que ponen el nombre de etarras a sus calles o les organizan homenajes. Se trata de que ningún ayuntamiento pueda rendir tributo a un terrorista, aunque éste no haya sido todavía condenado, según explicaron fuentes de la reunión.
El documento de trabajo elaborado por el Ministerio del Interior, en el que se recogían 26 puntos a introducir en la ley, fue muy bien acogido, ya que en el texto figuran las principales reclamaciones históricas de los colectivos: entre ellas, la actualización de los barómetros indemnizatorios, el fin de las discriminaciones dependiendo del momento del atentado, la retroactividad de la ley para que se puedan beneficiar las víctimas más desfavorecidas, el fin de las diferencias económicas según la sentencia condenatoria o el reconocimiento como víctimas de pleno derecho de los españoles que sufran atentados en el extranjero.
Durante su encuentro con los colectivos, Pérez Rubalcaba anunció que la intención del Gobierno es que el futuro texto entre en el Congreso de la mano de todos los grupos políticos como una proposición de ley, no como un proyecto aprobado en el Consejo de Ministros. Para ello, el Ministerio del Interior, tras incorporar las peticiones de las víctimas, elaborará un borrador que se presentará a los partidos políticos con representación en el Congreso para buscar el consenso desde el primer momento.
