homenajes a víctimas de ETA
San Sebastián acogió ayer dos homenajes a víctimas de ETA en los 'años deplomo', donde los familiares pudieron denunciar su antiguo «desamparo»
Elorza conversa con los familiares de los guardias municipales asesinados. / EFE
Las instituciones se afanan en aprobar leyes y medidas de apoyo a las víctimas del terrorismo. Pero no siempre fue así. Los familiares de numerosos asesinados en la década de los ochenta y principios de los noventa, los denominados 'años de plomo' por su extrema violencia, tuvieron que salir adelante «solos y sin ningún tipo de ayuda». Varias de estas víctimas recibieron ayer dos homenajes diferentes en San Sebastián.
En el primero, celebrado a mediodía, el Ayuntamiento curó dos heridas abiertas hace casi tres décadas por ETA: los asesinatos del jefe de la Guardia Municipal Miguel Garciarena y del agente Manuel Peronié. La colocación de sendas placas de homenaje en el que fuera su lugar de trabajo, la sede de la policía local en la calle Easo, salda parte de «la deuda moral» que, según indicó el alcalde, Odón Elorza, «tenemos con muchísimas personas de todo tipo, con uniforme o sin él, que fueron asesinadas y no han tenido el debido reconocimiento».
En un sencillo acto al que asistieron los tíos de Peronié y el hijo de Garciarena junto con su pareja, además de representantes institucionales y víctimas del terrorismo, Elorza aseguró que «poco a poco vamos enmendando errores», los cometidos durante todos los años que «las familias y las propias víctimas han vivido en soledad». «Entonces -en los años 80- no había respuesta ciudadana» ante los atentados, aseguró Elorza, «y ahora a veces tampoco tenemos una respuesta acorde a la dimensión que se requiere, pero afortunadamente la inmensa mayoría de la sociedad vasca ha madurado y abandonado las posiciones de cobardía, distanciamiento y de mirar hacia otro lado».
El primer edil donostiarra aseguró que «ésa es la historia que nos lastra a todos los vascos», la de permanecer callados e incluso pensar, como se decía entonces, que «algo habrán hecho, por algo los habrán matado». En este caso lo que hizo, por ejemplo, Manuel Peronié fue buscarse la vida «en malos trabajos, de esos que dan muy poco dinero», como relató su tío a la concejala de Derechos Humanos, Arritxu Marañón, hasta que se incorporó a la Guardia Municipal. «Aquel día celebraron una gran fiesta en casa y con su primer sueldo regaló una televisión a sus padres», recordó Marañón. «Estas son las personas que en su día y a día de hoy todavía asesina ETA».
Por la tarde, Gesto por la Paz dio voz a familiares de estas víctimas «de segunda», como las calificó Esther Pintado, viuda de Manuel Carrasco, asesinado en Villabona en 1983. Sin leer papeles, nerviosa y con la voz temblorosa, Esther recordó cómo se quedó «sola» con una niña recién nacida. «He sufrido mucho. No tuve ayuda. Ni psicólogos ni nada. Hasta tuve que llamar al ministerio para que le dieran a mi marido la medalla que daban a otras víctimas», relató la mujer, que agradeció la labor de la directora de Atención del Gobierno vasco a las Víctimas, Maixabel Lasa, presente ayer en el Koldo Mitxelena.
La situación de «desamparo» que denunciaron los damnificados llega al extremo de que ni siquiera saben la situación penal de los condenados por los crímenes de sus familiares. Jorge Mota, hermano de un funcionario asesinado en San Sebastián, admitió que no sabe exactamente si la persona que disparó a su hermano ha salido de la cárcel o no. «Estará a punto de salir», señaló.
