ÁLAVA
Las Juntas le instan a dar el paso si no
se resuelve antes el paro y se mejora la
atención al paciente en la residencia
14.10.08 -
Una protesta reciente de las empleadas en huelga. / EL CORREO
LAS CLAVES
Un año. Ése el plazo que se ha dado la Diputación para recuperar la gestión de la residencia Ariznabarra, ahora en manos privadas, si antes no se soluciona el conflicto laboral. Las trabajadoras del centro protagonizan desde hace ocho meses un paro, que ya es de siete horas diarias, mientras los familiares se quejan de la desatención de los usuarios.
La decisión de iniciar gestiones para hacerse con la gestión directa del centro fue acordada ayer por las Juntas Generales. La moción aprobada por PSE, PNV, EA y Aralar pone tres condiciones. La primera es que la residencia no haya conseguido normalizar las relaciones labores y sociales, la segunda que no se haya logrado una «atención de calidad a los usuarios», y la tercera que siga «sin haber transparencia en el control y gestión del geriátrico.
La Diputación toma así cartas en un asunto en el que los grupos forales han permanecido casi al margen, pese a la larga duración del conflicto. De hecho, los familiares han denunciado en varias ocasiones que los partidos ya conocían desde hace meses la situación del geriátrico, «y no han hecho nada».
La moción aprobada ayer fue tramitada por el PSE, aunque estaba pactada con el Gabinete Agirre, como explicó su portavoz, Txarli Prieto. El texto constata por fin que Ariznabarra «se ha convertido en un foco de conflicto que repercute negativamente» en los usuarios, en los trabajadores, y «en la buena imagen de la atención social que tradicionalmente había dado la Diputación de Álava».
Y tras describir ese negro panorama, la moción asegura de manera rotunda que la empresa Quavitae Bizi Kalitate, encargada de su gestión, es «la única responsable». De ahí el plazo de un año para resolver todos los problemas planteados. De no hacerlo, la Diputación iniciará las «negociaciones con el fin de recuperar la gestión directa del centro».
Diferencias
«Nosotros hemos estado siempre en contra de este modelo de titularidad pública pero gestión privada», dijo Prieto, quien recordó el apoyo histórico tanto de PNV como de PP a esa fórmula. La jeltzale María Jesús Aguirre, que inició junto a Jesús Loza el proceso para adjudicar a Quavitae la residencia, admitió esos matices: «Nosotros creemos que el problema no es el modelo sino esta empresa».
«Llevamos diez años con problemas y nos quedan 35 por delante, según la concesión», advirtió Prieto, para situar su iniciativa como «posibilista». «Si por nosotros fuera, también plantearíamos abordar mañana mismo el rescate de la gestión directa, pero preferimos sumar a la iniciativa al Ejecutivo foral dando este margen», señaló ante la queja de EB, que consideró «demasiado largo» el plazo de espera de un año.
En la misma línea se mostraron en la calle las trabajadoras en huelga «¡Ocho meses y quereis un año más! ¡No tenéis vergüenza!», coreaban en su tradicional concentración semanal en la plaza de la Provincia.
El PP, que había suscitado el debate con una moción inicial, desestimada, reaccionó con indignación al acuerdo. «Es otra muestra del pacto oculto que tienen PSE y PNV para repartirse las instituciones y tapar sus errores, aquí y en el Ayuntamiento», dijo Ana Morales. «¿Para qué un año más, si las cosas van a seguir igual?», dijo la procuradora popular, que exigió que la Diputación se implicara «de manera activa» en buscar una solución.
