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ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Domingo, 27 mayo 2012

Álava

Por presunto fraude

En su día, De Andrés explicó que Carlos Jiménez "engordaba" las solicitudes de subvenciones de las compañías con cantidades por publicidad, que según un informe foral se embolsaron terceras personas
13.10.08 - 19:57 -

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El ex jefe del servicio de transportes de Álava declarará ante la juez el jueves
Jiménez fue cesado de su cargo, pero permanece trabajando en la institución foral puesto que es funcionario. /El Correo
El ex jefe del servicio de Transportes de la Diputación de Álava Carlos Jiménez ha sido citado a declarar el próximo jueves, día 16, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, que investiga un presunto fraude en las ayudas forales a autobuses que cubren líneas rurales deficitarias.
El funcionario fue cesado de su cargo por el entonces diputado de Obras Públicas Javier De Andrés (PP), nada más destaparse el caso en noviembre de 2006.
El abogado de Vitoria Manuel Maysounave denunció el presunto fraude ante la Fiscalía Anticorrupción y no fue hasta marzo de 2007 cuando se dejó el proceso en manos de la Audiencia Provincial de Vitoria.
Según explicó en su día De Andrés en las Juntas, el ex jefe de Transportes "engordaba" las solicitudes de subvenciones de las compañías con cantidades por publicidad, anuncios que no existían. De esa manera, según un informe foral, supuestamente terceras personas se embolsaron 1,32 millones de euros.
Según han informado fuentes de la Diputación alavesa, Jiménez permanece trabajando en la institución foral puesto que es funcionario y además no está imputado ni ha sido condenado por ningún delito.
Dos años después de que el caso saliera a la luz, la juez ha anunciado la apertura de diligencias y ha citado a declarar a Jiménez el próximo jueves. Tras su testimonio, la juez deberá decidir si le imputa o no.
En el caso de que sea imputado como autor de un delito en la gestión de las ayudas, la Diputación foral se personará en la causa para recuperar la cuantía de las subvenciones que fueron objeto de fraude.
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