La Diputación Foral de Álava se da el plazo de un año para iniciar negociaciones con la empresa privada Quavitae con el fin de recuperar la gestión directa de la residencia Ariznabarra, que es de titularidad pública. La medida se llevará a cabo si antes de ese plazo la firma no ha "conseguido normalizar las relaciones laborales y sociales" -las 140 trabajadoras llevan ya 8 meses de huelga-, así como ofrecer una "atención de calidad" a los usaurios, además de "transparencia en el control y la gestión de la residencia". El Gobierno vasco ha reforzado los servicios mínimos y los familiares de un ingresado han conseguido su traslado tras plantear su caso a la fiscalía.

Las Juntasa Generales de Álava han aprobado hoy una moción para fijar ese plazo. La iniciativa ha partido de los procuradores socialistas, pero estaba pactada con el Ejecutivo foral y con los grupos del tripartido nacionalista que lo sustenta -PNV, EA y Aralar-.

El texto aprobado en la Cámara constata que el centro se ha "convertido en un foco de conflicto que repercute negativamente en los usuarios, en los trabajadores y en la imagen de atención social que tradicionalmente había dado la Diputación de Álava". La moción asegura que la empresa Quavitae es "la única responsable".