Conflicto en los servicios sociales
JUNTA DE FAMILIARES DE ARIZNABARRA
Denuncian el «abandono» sufrido por el Gabinete Agirre y alertan de que los servicios mínimos son «insuficientes»
13.10.08 -
cumple esta semana ocho meses. / IOSU ONANDIA
-La huelga cumple esta semana ocho meses y los visos de solución son casi inexistentes. ¿Qué sienten?
-«Nos sentimos indignados e impotentes porque a pesar de ser ajenos al conflicto, somos los principales perjudicados. La resolución sobrepasa nuestro ámbito de actuación y la Diputación, que tendría que ser nuestro garante, ha estado al margen, no nos ha tulelado. Lo que tenemos claro es que leve o grave, ya debería haber habido alguna sanción a la empresa».
El conflicto laboral en el que está inmerso la residencia Ariznabarra, de propiedad foral pero gestionado de forma privada por Mapfre-Quavitae, está provocando ríos de tinta en los últimos meses. Hoy, precisamente, volverá a abordarse el tema en las Juntas Generales. Las cerca de 125 trabajadoras se muestran inflexibles en sus paros para lograr un convenio laboral «justo», la empresa exige desconvocar la huelga para llegar a un acuerdo y la Diputación dice que su parte del trabajo ya está realizado con el pago de 2,1 millones de euros a Quavitae por retrasos acumulados, la fijación de un nuevo precio cama-día y la garantía de incrementos salariales así como un aumento de la plantilla.
¿Y qué ocurre con las 140 personas que residen en el geriátrico? La recién creada junta de familiares desgrana en una entrevista con EL CORREO sus quejas y preocupaciones. Evitan personalismos y se escudan en el colectivo porque «hablamos con una sola voz». Muy crítica, por cierto.
-¿Quién es el culpable?
-«El principal y con letras mayúsculas es Quavitae. Pero dicho esto, todos tienen su parte de culpa».
Se muestran especialmente duros con el Departamento de Política Social y Asuntos Sociales, dirigido por la peneuvista Covadonga Solaguren, al que acusan de haberles «abandonado». «Nos da igual si apuestan por la fórmula de la concertación al sector privado o no. Lo que tenemos claro es que nosotros dependemos de la Diputación, no de Mapfre, y como tal -recalcan- son los principales responsables de la calidad del servicio».
Recuerdan que ya en noviembre, cuatro meses antes de comenzar los paros, denunciaron el mal servicio que se dispensaba en lo relativo a la alimentación. «¿Pero qué se ha hecho desde entonces?», lamentan. Sus palabras también sirven de toque de atención para el resto de partidos: «Deberían inmiscuirse mucho más, no como hasta ahora».
Vía judicial
Respecto a las denuncias judiciales interpuestas a título individual por dos familiares, aseguran respetar su decisión pero recalcan que como colectivo, «no recurriremos a la vía judicial». Reconocen, no obstante, que si prospera su tramitación podría desembocar en la ruptura del contrato que une a la Diputación y a Mapfre durante 45 años, una decisión que verían con buenos ojos.
En su catálogo de críticas, también se acuerdan de las trabajadoras. No por su profesionalidad, sino por dejarse «manipular» sindicalmente y «chantajear» a la Diputación cuando el conflicto laboral es «cosa de dos, ellas y la empresa».
-¿Y qué opinan de los servicios mínimos? ¿Son insuficentes?
-«Por supuesto, y así lo reconoce hasta la propia Diputación».
