POLÍTICA
Alerta sobre el aumento de la violencia de género,el tráfico de drogas y la siniestralidad laboral
María Ángeles Montes.
Los reproches que recibió desde el estrado el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, y por extensión el Gobierno vasco, llegaron también desde la fiscal superior de Euskadi. La máxima representante del Ministerio Público, María Ángeles Montes, no dudó en exigir al Ejecutivo autónomo un «mayor esfuerzo» en dotar a los escoltas de los medios necesarios para proteger a todo el colectivo de «la amenaza terrorista». La cuestión no es baladí, al suscitarse en un momento delicado para la Judicatura vasca, que ve cómo es objetivo preferencial de ETA y cómo las sedes judiciales han protagonizado buena parte de los últimos atentados.
Una situación que quedó en evidencia el pasado sábado con el ataque a los juzgados de Tolosa y que provocó que el propio presidente del Tribunal Superior advirtiera a la Administración vasca de que «algo falla» cuando no dejan de registrarse acciones terroristas contra estas instalaciones. La cúpula judicial ha reclamado en numerosas ocasiones al Departamento vasco de Interior que se refuerce la seguridad de todo el colectivo judicial. En este contexto, Montes aludió a «cuantos, día a día y silenciosamente» hacen posible el trabajo de los fiscales «rodeándonos y protegiéndonos, sobre todo hoy, que la amenaza terrorista ha vuelto a manifestarse con toda su crudeza».
La fiscal superior del País Vasco realizó durante su intervención un repaso a la memoria de la Fiscalía en 2007. Subrayó el aumento de las pesquisas sobre violencia de género y familiar, sobre accidentes laborales y sobre delitos vinculados al tráfico de drogas.
Montes lamentó el «alarmante» incremento de las causas por «maltrato familiar» al haber pasado de los 2.488 expedientes abiertos en 2006 a los 2.946 al 31 de diciembre pasado. Unos datos que, en su opinión, revelan que «algo no funciona bien en el seno de nuestra sociedad», sobre todo cuando las reformas legales aplicadas por el Gobierno no dan los resultados esperados. «Algo no funciona bien y los actos de violencia machista se siguen produciendo», reiteró antes de demandar una mayor colaboración entre todas las instituciones.
Y destacó los «problemas» que la Fiscalía se encuentra al investigar estos casos, entre los que citó la posibilidad de las mujeres maltratadas de acogerse a una dispensa para no declarar en contra de sus parejas, una tendencia que, dijo, sobresale, entre el colectivo inmigrante.
«Sanciones penales»
El aumento de la siniestralidad laboral fue otro de los apartados a los que Montes dedicó una especial atención. «No hemos estado a la altura que debiéramos», reconoció al constatar más muertes «sobre todo en la construcción». De los 49 fallecimientos de 2006, se pasó a 51. Una tendencia al alza que también se advirtió en el número de heridos graves, que alcanzó la cifra de 335, trece más que un año antes. Para combatir esta «lacra», instó a la Administración a reforzar las inspecciones «sancionando incluso penalmente» las infracciones.
La fiscal superior lamentó asimismo que se hayan disparado los casos de tráfico de drogas, una tendencia que achacó a la necesidad de desviar efectivos policiales a otras investigaciones y al efecto de algunas sentencias del Supremo que permitieron excarcelar a personas acusadas y condenadas en primera instancia por no estar acreditado que pertenecieran a clanes de la droga.
