El tripartito, Aralar y EHAK han hecho decaer esta mañana en el Parlamento de Vitoria una proposición de ley del PP acerca de la obligación de los comercios vascos de atender en euskera y castellano a sus clientes. Los populares, que contaron con el apoyo de los socialistas, reclamaban la reforma de la Ley del estatuto de las personas consumidoras y usuarias al entender que la exigencia de atender y rotular en euskera supone "una intromisión intolerable en las relaciones privadas" y, lejos de favorecer el euskera, supone uina "imposición" que lo perjudica.

La ley que pretendía reformar el PP es de 2003, pero ha cobrado actualidad con la aprobación recientemente del decreto que la desarrolla, precisamente, en este apartado. El Gobierno vasco aprobó antes del verano la normativa que afectará a los grandes comercios de Euskadi, empresas de sectores estratégicos y a aquellas con más de 15 personas en plantilla que desarrollen tareas de atención al público. A estas empresas se les daba un plazo de adaptación progresivo, pero deben rotular, formalizar los contratos, publicar sus folletos y atender al público en ambas lenguas oficiales. El Gobierno vasco calcula que el número de firmas afectadas viene a significar el 5% del entramado comercial y de servicios de la comunidad.

Los populares trataron de convencer en el debate de la necesidad de eliminar de la ley de 2003 las referencias a la regulación lingüística del sector comercial privado, al entender que ello se trata de una "intromisión" en una actividad ajena al sector público y que debe regirse por las leyes de mercado, defendió el parlamentario Iñaki Oyarzábal. Los socialistas dieron su apoyo porque consideraron, según explicó Idoia Mendia, que las políticas entorno al euskera necesitan de un "consenso" que en este caso no ha existido en la aplicación de la ley de 2003. Mendia también alertó al tripartito de que con la obligación de atender en euskera en los comercios "se pone una traba para acceder al sector privado precisamente en un momento en el que las tasas de desempleo van a ser cada vez más altas. Nosotros queremos tanto al euskera como ustedes -dijo Mendia en alusión a los nacionalistas-, quizá más, y por eso estamos en contra de las imposiciones".

Los grupos que sustentan al Gobierno vasco y Aralar -EHAK no participó en el debate, aunque sí en la votación- defendieron que la situación de desigualdad existente entre el euskera y el castellano hace necesarias políticas de discriminación positiva en favor de la más débil, el euskera. La parlamentaria peneuvista Arantza Aurrekoetxea anunció asimismo la disposición de su partido a "llegar a consensos" respecto al decreto de los derechos lingüísticos de los consumidores, pero alertó de que "si esta reforma de la ley sale adelante, no se podrá", dado que los artículos cuya eliminación demandó el PP son aquellos que vienen a ser desarrollados por el reciente decreto. "Tenemos que trabajar por el euskera. Sin prisa, pero sin pausa", dijo Aurrekoetxea, quien calificó el decreto de "ponderado, realista y viable", porque atiende a la realidad sociolingüística de las diferentes comarcas vascas y porque prevé plazos y ayudas para que las empresas se adapten. "Los excesos son perjudiciales, pero también la dejadez", zanjó la parlamentaria del PNV.

EA, EB y Aralar se mostraron favorables a discriminar de forma positiva el euskera para conseguir su normalización y una sociedad bilingüe, por lo que apoyaron la "intervención" pública en en el sector privado en lo que se refiere a esta materia. "Los discriminados no son los castellanoparlantes, sino quienes vivir en euskera y no pùeden", apuntó Aintzane Azenarro, de Aralar.