El Gobierno vasco redobló ayer sus críticas a los jueces y respaldó la decisión de Juan José Ibarretxe de reunirse con representantes de la ilegal Batasuna en 2006 durante el alto el fuego de ETA. Los dos encuentros que mantuvo con sendas delegaciones encabezadas por Arnaldo Otegi llevarán al jefe del Ejecutivo autónomo a sentarse el 8 de enero próximo en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior junto a los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares bajo la acusación de ser «colaborador necesario» para que la izquierda abertzale vulnerara supuestamente la ilegalización que dictó el Supremo en 2003.

Si el lunes el Gobierno vasco se limitó a emitir una breve nota de prensa de apoyo a Ibarretxe tras conocerse la fecha de inicio de la vista oral, ayer optó por una comparecencia oficial de su consejo político, que reúne al propio lehendakari y a los consejeros de EA y EB, Joseba Azkarraga y Javier Madrazo. Para evitar que fuera el propio imputado quien compareciera ante los medios como suele ser lo habitual, la lectura de la declaración quedó en manos de la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia, que no admitió preguntas.

El texto, que no menciona a los dos imputados del PSE ni a los cinco de Batasuna, reitera los argumentos que desde el Ejecutivo autónomo se han ido sucediendo durante los dos años que la instrucción de este caso lleva deambulando por el Tribunal Superior. Con dos razonamientos básicos sobre los que armar su discurso. El primero, que las reuniones celebradas entre abril y mayo de 2006 fueron un «acierto», sirvieron de «apoyo» al proceso de paz abierto entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA, y que la Lehendakaritza volvería a actuar «de la misma manera» y a sentarse con representantes de «la llamada» izquierda abertzale «tantas veces como sea necesario» y «siempre y cuando existan oportunidades para la paz».

Y el segundo pilar de la declaración residía en lanzar un nuevo ataque a los jueces vascos por seguir adelante con el procedimiento penal demostrando lo que, en opinión del tripartito, es un caso de «discriminación» hacia Juan José Ibarretxe y un ejemplo de «distinta vara de medir de la Justicia española ante hechos similares». El documento del consejo político alude de esta manera a la sentencia del Supremo que absolvió a Rodríguez Zapatero de una querella presentada por Manos Limpias. El sindicato de funcionarios intentó sin éxito que el Tribunal condenara al presidente del Gobierno por no haber impedido la reunión que el PSE mantuvo con Batasuna el 6 de julio de 2006, encuentro que sentará también en el banquillo del Palacio de Justicia de Bilbao a López y Ares. Esa resolución, que advertía en la asociación demandante la intención de usar a la Justicia para cometer un «fraude constitucional» por tratar de corregir la política antiterrorista del consejo de ministros -nada decía de la actuación de los representantes del socialismo vasco ni de la izquierda abertzale-, sirve al Ejecutivo de Vitoria para incidir en la imagen de un lehendakari presionado por los jueces, un colectivo capaz, en palabras de Zenarruzabeitia, de convertir en «delito perseguible penalmente» el diálogo «no representantes no ya de ETA sino de la izquierda abertzale», mientras que el líder del PSOE quedó exculpado.

«Un poco extraño»

El consejo político reiteró, en la misma línea, que el juicio que se celebrará en el Tribunal Superior vasco no va a «desviar» al tripartito de sus «convicciones políticas». «Ni nos arrepentimos ni nos escondemos de lo que era y es nuestro compromiso a favor de la paz y la normalización», subraya el documento, que insiste en la «inutilidad e inconveniencia» de la Ley de Partidos, origen a su juicio de la causa que sentará por primera vez a un lehendakari en el banquillo de los acusados. «No se entiende -insiste la declaración- una democracia en la que el diálogo político es delito».

No fue éste el único pronunciamiento que ayer realizó el Gobierno vasco sobre el conocido como 'caso Ibarretxe'. En una entrevista en Radio Nacional, la portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate denunció el «impulso político» que ha motivado este procesamiento penal y subrayó que «en la mente» del lehendakari «en ningún momento» existió la «voluntad de desobedecer a la justicia». Azkarate, que calificó de «un poco extraño» que el tribunal haya elegido el 8 de enero para iniciar la vista oral, a dos meses de las elecciones autonómicas, se mostró convencida de que el juicio no influirá en el voto de los electores y que la sociedad sabrá «separar el polvo de la paja y hacer una lectura correcta de lo que está sucediendo».