17 musulmanes chinos
La decisión afecta a 17 musulmanes chinos que fueron detenidos en Afganistán y llevan siete años encerrados
Manifestantes vestidos como los presos de Guantánamo exigen el cierre de la cárcel. / AFP
Por primera vez desde que creó el término 'combatiente enemigo' y un agujero negro en Guantánamo para todos a los que se le aplique, el Gobierno de Estados Unidos se ha encontrado con la orden de un juez federal que exige la liberación inmediata de diecisiete musulmanes chinos de habla turca.
Se trata de un grupo de veintidós hombres de la etnia uighur que se encontraban en un campamento de Afganistán durante los bombardeos estadounidenses de 2001. Uno de ellos murió en los ataques y el resto huyó a la cordillera montañosa que separa el país de Pakistán, pero fueron detenidos allí por las tropas de Islamabad y entregados a las autoridades norteamericanas. A seis de ellos se les permitió dejar la prisión el año pasado y pedir asilo en Albania, tras habérseles retirado la consideración de combatientes enemigos dos años antes. Pero el resto sigue en la prisión de máxima seguridad construida en la base de Guantánamo, en la isla de Cuba.
En otros casos en los que por razones misteriosas los prisioneros dejan de ser de repente un peligro para la seguridad nacional de EE UU el Gobierno negocia la extradición con su nación de origen, pero en éste incluso Washington tiene claro que serán severamente torturados si se les devuelve a China, ya que ningún otro país ha aceptado darles asilo.
Siete años de prisión sin cargos y ningún motivo aparente que les convierta en un peligro para la sociedad han convencido al juez Ricardo Urbina de que deben ser liberados dentro de territorio estadounidense, ya que «la Constitución de EE UU prohíbe la detención indefinida sin motivo», recordó entre vítores y aplausos de la sala.
Emocionados
«Estamos emocionados», declaró a la agencia Reuter Sabin Willet, uno de los abogados de los reclusos. «Se ha tardado mucho en hacer justicia pero hoy (por ayer) hemos visto a un gran juez que ha aplicado una decisión justa y de principios».
La comunidad religiosa de los afectados les ha ofrecido alojamiento y trabajo en Washington o Florida, pero aún no está claro que realmente vayan a ver la luz del día. La Casa Blanca expresó ayer su «profunda preocupación y desacuerdo» con la decisión. La portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, afirmó que la decisión «es contraria a nuestras leyes, incluidos los reglamentos federales de inmigración aprobados por el Congreso». El Departamento de Justicia pidió anoche mismo una suspensión urgente del cumplimiento de la sentencia y presentará una apelación de inmediato, explicó Perino.
Miembros de la asociación de estadounidenses uighur han prometido al Gobierno que velarán por sus compañeros y se encargarán de enseñarles a adaptarse a la vida en EE UU. La mayor parte del grupo ni siquiera conocía los atentados del 11-S cuando fueron detenidos, y los que lo habían escuchado por la radio no imaginaron que los talibanes estaban involucrados.
El juez ha dado hasta el viernes para que se les ponga en libertad y planea difundir una opinión escrita al respecto mañana mismo. «El Gobierno no debe hacerse el remolón sino sacar a estos hombres inmediatamente de esa prisión ilegal que es Guantánamo», exhortó la portavoz de Human Rights Watch Jennifer Daskal.
