ÁLAVA
La residencia
ha realizado 44 nuevas
contrataciones para
cubrir las 58 vacantes
producidas desde junio
08.10.08 -
llevan casi 8 meses de paros./ J. ANDRADE
Los casi ocho meses de paros protagonizados en la residencia Ariznabarra están comenzando a hacer mella en las trabajadoras. Según un escrito del Departamento de Política Social y Asuntos Sociales al que ha tenido acceso este periódico, la mitad de la plantilla del geriátrico ha estado de baja desde el pasado junio. En total, 58 de las 125 trabajadoras del centro, unas cifras ayer desmentidas de forma tajante por el comité de empresa.
La dirección del centro, gestionado durante 45 años por Mapfre-Quavitae a través de una concertación realizada por la Diputación, comunica este tipo de incidencias de forma diaria al Instituto Foral de Bienestar Social. Según la empresa, 44 personas han sido sustitutidas por nuevas contrataciones y 7 por personal que ya estaba en plantilla, al estar «por encima del ratio establecido por el IFBS».
En relación a las vacaciones de las empleadas, el escrito foral asegura que 12 personas no han sido sustituidas, con el consiguiente déficit del servicio. La Diputación, no obstante, ya ha anunciado que no abonará a las empresa ningún puesto que no se haya cubierto ni los días de huelga, que el próximo día 18 cumplirá ocho meses.
Estas cifras, en especial la del número de personas de baja laboral, volvió a despertar ayer airadas críticas del sindicato ELA, mayoritario en el geriátrico. Tras recalcar que son «rotundamente falsas», fuentes de la central nacionalista reconocieron que durante los últimos meses se han dado más bajas de lo habitual, la mayoría relacionadas con accidentes de trabajo y embarazos prematuros. También ha habido casos de estrés, aunque «no son mayoritarios».
Vía judicial
Los sindicatos mostraron además su «sorpresa» por la decisión de la Fiscalía de trasladar al juzgado la denuncia de un familiar de una residente en Ariznabarra por la «deficiente» atención que recibe. «Estamos muy preocupadas. De existir cualquier maltrato, las trabajadoras hubieran sido las primeras en denunciarlo», aseguraron fuentes de ELA, que acusaron a la empresa de «no preocuparse por la calidad del servicio».
Su principal temor es que su labor se vea empañada por este tipo de denuncias judiciales, cuando en realidad, recalcan, «son las trabajadoras las que se afanan en la buena atención del geriátrico». Por enésima vez, aprovecharon la ocasión para instar al Gabinete Agirre a que «dé un puñetazo encima de la mesa» y exija a Quavitae que ponga fin al conflicto. «La empresa está jugando con ellos, pero también con la Diputación, que le ha pagado 2,1 millones sin exigirles nada a cambio», denunciaron.
