«Lo más normal es que no haya sentencia hasta comienzos de febrero». Varios legalistas de larga trayectoria en Bilbao coincidían ayer en pronosticar un efecto directo de la sentencia del conocido como 'caso Ibarretxe' en la próxima campaña electoral para designar al lehendakari de la próxima legislatura. Si como todo parece apuntar los comicios tendrán lugar el 1 o el 8 de marzo, la resolución del Tribunal Superior y el pistoletazo de salida de las autonómicas prácticamente coincidirán en el tiempo.
El juicio a Ibarretxe y López tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de esos procesos penales que servirán de ejemplo en las facultades de Derecho. Sobre todo por sus dimensiones. Las cuatro decenas de testigos citados para la vista oral hacen prever a las partes personadas en esta causa que el juicio se prolongará, casi con toda seguridad, durante dos semanas. Quienes conocen bien los procedimientos legales aseguran que no es habitual que en una misma sesión presten declaración más de cinco testigos, lo que obligaría a dedicar a esas comparecencias entre siete u ocho jornadas de la vista oral. Los abogados pueden en el último momento no llamar al estrado a alguna de las personalidades que han citado. De ser así, la vista oral se vería acortada sustancialmente.
Fuentes jurídicas llamaban ayer la atención sobre la posibilidad de que el tribunal enjuiciador decida programar sesiones de mañana y tarde, algo similar a lo que la Audiencia Nacional practica en casos como los de los atentados del 11-M o la causa 18/98 al entorno de ETA. «Es una opción nada desdeñable por lo 'peculiar' de un procedimiento en el que se van a llevar al banquillo a los dos máximos aspirantes a la Lehendakaritza», señalaba un experto jurista.
Sin experiencia
En diferentes sectores de la justicia se mostraba ayer cierta «sorpresa» por la fecha escogida para el juicio. En la carrera se apostaba por mediados de noviembre como inicio de la vista oral. Las mismas fuentes aluden a que la complejidad del caso y la 'inexperiencia' de los tres magistrados -dos de ellos nada acostumbrados a los temas penales- ha podido motivar el retraso de esa fecha hasta las inmediaciones de la campaña electoral. Sea como fuere, todas las partes coinciden en que la sentencia debería hacerse pública en los cinco días siguientes a que concluya el juicio. Así lo recomienda la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque en ocasiones anteriores, con causas de las consideradas como 'especiales', la resolución del tribunal se ha podido demorar algún día más.
Las fuentes consultadas dan por «descartado», en este sentido, que el Superior vasco pueda adoptar la postura que en su momento tomó el Tribunal Supremo de no dar a conocer si ordenaba el ingreso en prisión de Otegi hasta después de las municipales de 2007 al considerar que su decisión podía influir en el resultado electoral. «Habrá sentencia antes de la campaña vasca», coincidían varios expertos.