ÁLAVA
La familia de la anciana
denuncia una supuesta
«tortura» y exige a la
Diputación y a Quavitae
que de «forma urgente»
acaben con esta situación
07.10.08 -
Un hombre pasea a una residente en las inmediaciones del centro. / E. ARGOTE
El conflicto laboral en el que está inmerso la residencia Ariznabarra desde el pasado 18 de febrero ha entrado en vía judicial. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vitoria ha observado indicios de comisión de un presunto delito en los hechos reflejados en la denuncia interpuesta por la familia de una residente donde critica la «deficiente» atención recibida de la empresa que gestiona el centro foral, Mapfre-Quaviate, la cual tiene concertado el servicio durante 45 años. En la demanda, lejos de quedarse en críticas superficiales, se llega a asegurar que la mujer, de 81 años, reside «objetivamente en una situación de tortura» por lo que se exige que se acabe con esta situación «de forma urgente».
Tras varios días sopesando la denuncia -fue registrada el pasado día 25-, el ministerio público ha decidido darle traslado al juzgado para la posible apertura de una causa penal. Para investigar más a fondo el asunto, el fiscal jefe, Josu Izaguirre, ha solicitado al Departamento de Política Social y Asuntos Sociales, dirigido por la peneuvista Covadonga Solaguren, un informe sobre la situación de la anciana.
Entre otras acusaciones, la familia advierte de que la «comida es pésima», de que se «han puesto pegas a cambios de pañal» o que han llegado a ver la residente «mal vestida, con restos de comida en la cara e incluso con 38 grados de fiebre» ante la pasividad de las trabajadoras. Para la defensa de la familia, una persona no puede ser «condenada a sufrimientos evitables por razones de tipo económico», por lo que considera responsable tanto a la empresa como a la Diputación, por concertarle el servicio público.
Conflicto enquistado
La investigación judicial llega en el peor momento, con un conflicto laboral abocado a cumplir ocho meses y sin visos de solución. Todo lo contrario. Desde la semana pasada y con el lema «vamos a llegar hasta el final» como bandera, las trabajadoras han ampliado los paros a siete horas diarias en demanda de un nuevo convenio laboral que parta del laudo judicial alcanzado con la empresa en 2003 y que puso fin, entonces, a ocho meses de huelga.
El enquistamiento de las negociaciones es total. La empresa, como medida de presión, ha decidido modificar las nóminas de las empleadas reduciendo el salario base «hasta en 500 euros» para ajustarlo al convenio estatal.
¿Y la Diputación? El Gabinete Agirre asegura que sus obligaciones ya están más que cumplidas tras abonar a Quavitae 2,1 millones en concepto de pagos retrasados entre 2003 y 2007. Esta cantidad, esgrimen, ha supuesto un aumento medio de los sueldos de las 125 trabajadores de «un 52%» y una reducción de jornada anual de «70 horas».
En esta ocasión y a diferencia de lo ocurrido en la huelga de 2003, ha quedado prácticamente descartada la mediación del Departamento de Justicia y Empleo del Gobierno vasco a través de un laudo. Pese a que el comité de empresa no lo vería con malos ojos, la empresa y la Diputación ya han dicho no.
Así las cosas, las quejas de los familiares han comenzado a tomar todo el protagonismo. De momento, como avanzó este periódico, cuatro de las 140 personas que residen en Ariznabarra ya han solicitado al Instituto Foral de Bienestar Social un cambio de geriátrico cuando exista disponibilidad para ello. Parece que no serán los únicas.
