El Grupo del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria ha reclamado la eliminación definitiva de la prueba de valoración de conocimientos de castellano en futuras ofertas públicas de empleo que convoque el Consistorio.
Así lo trasladará al equipo de gobierno en la próxima comisión de Función Pública, que se celebrará mañana.
Las personas aspirantes a la última OPE municipal tuvieron que enfrentarse a este nuevo examen que "ha demostrado ignorar la legalidad al no respetar las bases y resultar inútil para el buen desarrollo de los puestos de trabajo que se ofertaban", ha afirmado el portavoz nacionalista en el área de Función Pública, Iñaki Prusilla.
Según el PNV, en respuesta a numerosas quejas de personas aspirantes a esta OPE, una resolución del Ararteko ha confirmado que no se han respetado los principios de mérito y capacidad a la hora de adecuar las pruebas a las funciones o tareas propias de los puestos a cubrir mediante la convocatoria.
En este sentido, el Defensor del Pueblo Vasco establece que "la configuración que los responsables municipales han dado a este ejercicio suscita serias dudas de que el mandato legal se haya visto cumplido en los procesos selectivos".
"Nos congratulamos de este apoyo a los esfuerzos que el Grupo Nacionalista hemos realizado para conseguir eliminar una prueba a todas luces injusta, que esperamos no se vuelva a repetir, y que ni siquiera ha conseguido su objetivo".
El examen pretendía valorar los conocimientos de gramática, ortografía y vocabulario de la lengua castellana. Para ello se tomó como base el Manual de estilo de lenguaje administrativo publicado por el Ministerio para las Administraciones Públicas en 1991. Este documento resulta totalmente trasnochado, obsoleto y no responde para nada a la realidad lingüística actual", ha opinado el concejal nacionalista.
En este sentido, el dictamen del Ararteko establece que incluso las expresiones que se utilizaron en la formulación de las preguntas no figuran en el Diccionario de la Real Academia Española.
En definitiva, "resulta totalmente comprensible el malestar de las personas que se presentaron a la convocatoria ya que se trata de una prueba inventada que nunca tenía que haberse incluido en una OPE municipal porque tanto su fondo como su forma desafían el sentido común y los principios legales", ha concluido Prusilla.