El Ayuntamiento de Vitoria tiene autorización de los jueces para advertir a los compradores de los 42 apartamentos tutelados de Etxezarra -conocida como Casa de Napoleón- de que los precios están sometidos a inspección judicial. Así lo confirma un auto de la Audiencia Provincial de Álava al que ha tenido acceso EL CORREO y que desestima el recurso interpuesto por la empresa Opacua contra la medida impulsada por el Gabinete Lazcoz de anotar en el Registro de la Propiedad que existe una demanda sobre esos pisos, por lo que el precio final podría variar.

El auto viene acompañado de un razonamiento jurídico que adelanta en parte la opinión del tribunal sobre el conflicto entre el Ayuntamiento y la empresa Opacua. «La medida no resulta inútil», resalta la resolución. «La anotación preventiva dará a conocer a los futuros compradores de los apartamentos la existencia de una demanda en la que se solicita el cumplimiento íntegro del contrato, es decir, que existe un requerimiento por parte del Ayuntamiento para que Opacua no cobre de más a los futuros compradores de apartamentos». Los tres jueces de la Audiencia Provincial que firman el auto, Íñigo Madaria, Mercedes Guerrero e Íñigo Elizburu, sostienen que «sin perjuicio de lo que pueda resolverse en la sentencia definitiva, consideramos que existen suficientes indicios para pensar que existía un acuerdo respecto del precio de venta de los apartamentos». Asímismo, añaden que «de ser como dice el Ayuntamiento, deberá respetarse este precio y la anotación de la demanda en este caso garantizará el cumplimiento del contrato en los términos convenidos y evitará posibles perjuicios a terceras personas».

Fallo contra Opacua

Por todo ello, el tribunal desestima el recuro interpuesto por la empresa Opacua contra el auto del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria sobre medidas cautelares. Los jueces imponen las costas a la constructora.

El dictamen del auto supone un nuevo varapalo a la empresa. Como se recordará, los jueces ya dieron la razón en primera instancia al Ayuntamiento de Vitoria cuando éste llevó a los tribunales a la promotora al comprobar que, como adelantó este periódico en exclusiva, los apartamentos se vendían por encima de lo pactado con el Ayuntamiento. Entonces, el juez aseguró que la firma había presentado en 2006 unas cifras «claras y precisas» cuando pujó por la parcela en el concurso municipal, así que elevarlas al alza sería «contrario a la ley». «El precio es el que es y así lo reconoce la empresa. Por eso debe pechar con la consecuencias», zanjó el magistrado. La aplicación de esa primera sentencia, que fue recurrida por Opacua, recortaría en más de 2 millones de euros los 5 millones de beneficio que la firma iba a obtener con la edificación de esos polémicos apartamentos en la Casa de Napoleón.

Cuando estalló la polémica, Opacua insistió en que podía vender los apartamentos a costes «de mercado» por tres razones. Primero, el pliego de condiciones del concurso «no incluía limitación alguna» sobre el precio de venta de lo que fuera a edificarse. Y tampoco los había en el documento de adjudicación del solar ni en el posterior contrato de compraventa del terreno, de julio de 2006. «Es una promoción de vivienda asistencial privada y, por ende, libre», aseguró.