ÁLAVA
Revoca la resolución de la juez que imputaba «de forma errónea» a Sáenz de Santa María por prevaricación y falsedad documental
04.10.08 -
Un hombre pasa junto a los 24 chalés tasados del polígono de Ibaiondo, en el extremo Norte de Lakua. / JESÚS ANDRADE
CRONOLOGÍA LAS FRASES
Exculpado. La Audiencia Provincial de Vitoria ha archivado la causa contra el ex director de Urbanismo Antón Sáenz de Santa María por el caso del sobreprecio de los polémicos chalés de Ibaiondo. El tribunal entiende que no hay pruebas suficientes para sentar en el banquillo al alto cargo del Ayuntamiento. Por ello, los magistrados revocan y consideran «erróneo» el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, que tras investigar una denuncia de la Fiscalía, había acusado a Sáenz de Santa María de dos presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. La resolución es firme «y contra ella no cabe recurso», concluye la Audiencia. Por contra, el fiscal jefe, Josu Izaguirre, matizó ayer que todavía cabe la posibilidad de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, «algo que estudiaremos la próxima semana».
Como es conocido, tras una larga polémica en el Ayuntamiento con toda la oposición unida contra el PP, la Fiscalía denunció hace un año al ex director de Urbanismo -considerado la 'mano derecha' del ex concejal Jorge Ibarrondo- por permitir que la empresa Opacua cobrara a los adjudicatarios de 24 chalés tasados de Ibaiondo 54.000 euros más por cada casa para sufragar diversos sistemas de ahorro de energía. Sáenz de Santa María lo hizo a través de una controvertida 'nota informativa', redactada a petición de la constructora.
El fiscal jefe entendió que este documento sirvió para modificar al alza el coste final de las viviendas, a pesar de que había sido fijado previamente por el pleno municipal teniendo en cuenta los elementos bioclimáticos. Por eso, Izaguirre le acusó de cometer un presunto delito de prevaricación -dictar una resolución a sabiendas de que es injusta- y otro de falsedad documental. El Juzgado de Instrucción número 1 admitió a trámite la denuncia y citó a declarar a diversos testigos y al propio imputado.
La jueza que investiga el caso, Susana Junquera, emitió un auto a finales de agosto en el que ratificaba las imputaciones por prevaricación y falsedad documental contra Sáenz de Santa María. En cambio, la magistrada retiró la acusación de cohecho -cobro de comisiones ilegales- que ella misma había incorporado en noviembre al iniciar la investigación.
La resolución de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 se convertía, a todos los efectos, en el paso previo a la apertura del juicio oral. No obstante, el abogado del ex responsable de Urbanismo recurrió la resolución de inmediato ante la Audiencia Provincial, que ahora le ha dado la razón.
«Sin competencias»
El auto de los magistrados, fechado el jueves, tumba buena parte de las consideraciones defendidas por el Fiscal, la jueza que investiga el caso y la acusación particular, auspiciada por PNV -que hace unos días se retiró de la causa-, EB y EA.
La Audiencia aclara que la polémica 'nota informativa' de Sáenz de Santa María no era una resolución administrativa, de forma que carecía de carácter «decisorio» para alterar el precio de los chalés. A su juicio, el documento tan sólo reflejaba «la opinión» del funcionario, por lo que «no es posible» imputarle un delito de prevaricación. Entre otras razones, porque «nadie discute que el acusado no tenía competencias» para modificar esas tarifas.
El auto subraya que el coste de las viviendas fue dictado por la Agencia de Renovación Urbana, la sociedad municipal que se encargaba entonces de organizar los sorteos de vivienda. La Audiencia asegura que «no puede adivinar» la razón por la que el organismo fijó al final una cantidad de 272.000 a 316.000 euros por casa, IVA incluido. Los jueces indican que si los consejeros de la Agencia autorizaron un precio superior «como consecuencia» de la 'nota informativa', lo hicieron «por apreciaciones subjetivas, y no por la vinculación jurídica del documento».
En consecuencia, recalca que el Juzgado de Instrucción número 1 ha imputado «de forma errónea» a Sáenz de Santa María un delito de prevaricación, por lo que revoca esa acusación. En paralelo, aprecia «una equivocación igual» de la juez al analizar si el ex funcionario cometió falsedad documental. Los magistrados recuerdan que el alto cargo municipal emitió «una opinión» por escrito sobre las razones por las que creía que en el precio inicial de los chalés no se incluían los elementos bioclimáticos. «Puede que efectuara un análisis erróneo, pero no realiza una narración fáctica falsa, sino una valoración», zanjan.
Se da la circunstancia de que el Gabinete Lazcoz ya ha iniciado los trámites para devolver los 1,3 millones de «sobreprecio» de los chalés de Ibaiondo a las 24 familas afectadas para reclamárselo después a la constructora Opacua por la vía judicial. Además, los socialistas anunciaron el viernes que el Ayuntamiento se personaría como acusación popular si se abría juicio oral.
El alcalde, Patxi Lazcoz, manifestó ayer su «total respeto» al auto de la Audiencia. Matizó, eso sí, que «si no existe responsabilidad penal puede haberla de tipo civil», en clara referencia a que el Consistorio reclamará los 1,3 millones a Opacua.
El resto de partidos optaron por la cautela y eludieron realizar declaraciones. A excepción de EB, que mostró su «sorpresa» por el auto e instó al alcalde «a recuperar el dinero del sobreprecio».
