Nuevo desencuentro entre el Gobierno vasco y su viceconsejería de Inserción Social y Familia y el Ayuntamiento de Vitoria. En esta ocasión, y a diferencia de episodios anteriores, el desacuerdo no viene motivado por la cíclica polémica en torno a las ayudas de emergencia social (AES), cuyo sobrecoste se niega a sufragar el Gobierno vasco, pese a ser de su competencia. Esta vez, el conflicto tiene su raíz en el conocido como cheque-bebé, que el Gabinete Lazcoz empezó a conceder este año a las familias con hijos nacidos a partir del 1 de enero de 2007.
Lo hizo pese a que medio año antes, en junio de 2006, el Gobierno vasco aprobó un decreto que incluía la aportación a todas las familias vascas de una ayuda de entre 400 y 900 euros por el nacimiento de su primer hijo. Esta coincidencia de subvenciones llevó ayer al viceconsejero vasco de Familia, Manuel Vigo, a arremeter, en la emisora Punto Radio, contra el Consistorio vitoriano. El alto cargo de Eusko Alkartasuna acusó al Gabinete Lazcoz de provocar un «desorden absoluto» con el cheque bebé. Vigo llegó a comparar al Ayuntamiento con «una ciudad estado, que entiende de todo e interviene en todo».
El viceconsejero de Familia considera que el sistema de protección de este colectivo «debe ser único», por lo que «sobran intervenciones que modifiquen, tergiversen o diversifiquen el sistema», advirtió en clara alusión a las subvenciones que concede el equipo de gobierno del PSE. Y es que en la actualidad, las familias vitorianas -con un poco de paciencia, y de ventanilla en ventanilla- pueden recaudar un poco más que el resto acogiéndose a las ayudas que dan el Gobierno central, el Ejecutivo autónomo y el Ayuntamiento.
Empleo y formación
Para Manuel Vigo, esta duplicidad no tiene razón de ser. «¿Que son competentes los ayuntamientos en materia en asistencia social?», lanzó desde los micrófonos de la emisora de Vocento, «entonces, que deriven ese dinero hacia la asistencia social, a políticas para la formación y el empleo o hacia las ayudas de emergencia social», recalcó.
El viceconsejero vasco de Familia volvía a descartar así, de una forma velada, que el Gobierno vasco vaya a sufragar el sobrecoste de las AES en Vitoria, pese a ser de su competencia. El Ejecutivo autónomo fija, de hecho, cada año una cantidad que luego es distribuida entre los municipios de acuerdo a criterios objetivos y pactados con Eudel.
El dinero, en cambio, se queda corto, así que cuando se acaban los fondos lo habitual es que los ayuntamientos cierren el grifo o rebajen la cuantía de las AES. En la capital alavesa, sin embargo, se habilita desde hace años una partida presupuestaria para cubrir la demanda. El Gobierno vasco se niega a sufragarla, una postura que el Gabinete Lazcoz tacha de «intolerable».