El acuerdo alcanzado por el PNV y EA en Guipúzcoa para abordar una reforma fiscal extensible al conjunto de Euskadi ha generado división en el partido de Iñigo Urkullu. Las diputaciones de Vizcaya y Álava -dos territorios con gobiernos liderados por el PNV- no parecen dispuestas a apoyar un pacto que incluye el mantenimiento del Impuesto de Patrimonio -eliminado por la Administración central-, el aumento en un punto del gravamen máximo del IRPF -situado en el 45%, frente al 43% de las demás comunidades- y la rebaja del de Sociedades en Guipúzcoa -ahora, el 32,5%- para equipararlo con el 28% vigente en el resto del País Vasco.

Algunos sectores del PNV estiman que el acuerdo entre los dos socios en la Diputación guipuzcoana es «un gran fuego de artificio» con un único objetivo: permitir, con unas medidas de tinte socialdemócrata, que pase casi desapercibida la marcha atrás de EA que, después de bloquear durante más de un año la regulación que grava los beneficios de las empresas, ha acabado por aceptarla. Estos mismos medios, además, dibujan ya la liturgia que se seguirá en las próximas semanas: el Ejecutivo de Markel Olano planteará sus propuestas en el Órgano de Coordinación Tributaria, que reúne a las diputaciones y al Gobierno vasco; Vizcaya y Álava se mostrarán contrarias a aceptarlas y esa excusa servirá para aparcar las cuestiones más polémicas, como el mantenimiento del Impuesto de Patrimonio y la elevación del tramo marginal del IRPF. Con ello, PNV y Eusko Alkartasuna podrán 'vender' en Guipúzcoa que sus iniciativas «progresistas» no se podrán aplicar por falta de consenso, aunque sí se salvará la rebaja de Sociedades, en vigor desde 2007 en los otros dos territorios.

Fuentes de la Diputación de Vizcaya recuerdan que ya existen dos posicionamientos públicos de su máximo responsable, José Luis Bilbao, que no parecen encajar con el acuerdo alcanzado por su partido y EA en Guipúzcoa: eliminar el Impuesto de Patrimonio «un día después de que lo haga el Estado» -la propuesta está en tramitación en el Congreso- y no aumentar los impuestos, un compromiso que reiteró en las Juntas Generales el pasado martes. La propuesta guipuzcoana incorpora también la «apertura de una reflexión» sobre la deducción fiscal de 400 euros, que el Gobierno central mantendrá el próximo año.

Sin apoyos

Los ejecutivos forales de Vizcaya y Álava se cuestionan también la oportunidad de lanzar una propuesta «que no parece tener el suficiente respaldo político para salir adelante». Las tres diputaciones -recuerdan- necesitan el apoyo de alguna otra fuerza política que una sus intereses a los del PNV y EA para aprobar cualquier reforma. Y el panorama en este sentido es muy complicado. Es probable que el PP respalde la rebaja del Impuesto de Sociedades al 28% -fue protagonista de este recorte cuando gobernaba en Álava-, pero su presidente, Antonio Basagoiti, ya anticipó ayer que los nacionalistas no podrán contar con sus votos para mantener Patrimonio o aumentar el IRPF.

El PSE, que aún no ha trasladado una postura oficial, tampoco parece estar en línea de facilitar apoyos. Defiende un Impuesto de Sociedades más cercano al 30%; es dudoso que se incline por abrir una brecha de tres puntos en el tipo máximo del IRPF y el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el protagonista de la supresión de Patrimonio. Con EB y Aralar suceden situaciones similares: pueden apoyar el aumento de la presión fiscal a los contribuyentes con rentas más altas, pero son contrarios a aplicar rebajas a las empresas.

Las diputaciones se verán obligadas a 'retratarse' en tan sólo unos días. Es previsible que el Órgano de Coordinación estudie la propuesta la próxima semana, pero el panorama tendrá que estar clarificado a mediados de mes. Entre los días 12 y 17, las haciendas forales deberán presentar su estimación de ingresos fiscales para 2009 y, por lo tanto, aclarar con qué impuestos cuentan para el próximo ejercicio y en qué condiciones.