S i la crisis financiera se ha desarrollado a tal velocidad de vértigo, constituye una ingenuidad suponer que el proceso de contagio no puede alcanzar al sistema financiero español y, menos todavía, que éste se encuentre inmunizado contra aquél. Sencillamente, porque nadie esperaba que el estallido de las hipotecas 'subprime' derivase en un colapso del sistema financiero mundial. En esta ocasión, la crisis va a abrir una ventana de oportunidad para las fusiones de entidades de pequeño y mediano tamaño, pero también para que los bancos extranjeros con liquidez -si es que queda alguno- estén en condiciones de adquirir porcentajes sensiblemente importantes de la banca española. Todo dependerá de si ésta cuenta con algún núcleo de accionistas de apoyo a la gerencia o de si existen 'barreras de entrada' que impiden la proporción de capital/representación en los consejos de administración. Unas barreras a las que puede contribuir también el Banco de España incrementando las ratios de garantía de capital para las compañías extranjeras que pretendan adquirir bancos españoles.

Nuestro tejido industrial está constituido por pymes que, a su vez, han podido disponer hasta ahora de financiación fácil y barata para su crecimiento orgánico a través de las cajas de ahorro. Con ello, una parte importante del sistema financiero español -el representado por las cajas de ahorro, que no tienen dueño- queda a cobijo de la crisis internacional, dado que su propio carácter impide que puedan ser compradas o vendidas. Pero además, las autoridades económicas tienen la posibilidad de aumentar o disminuir el Impuesto de Sociedades para la banca e incrementar, en el caso de las cajas, la dotación para la Obra Benéfico Social.

Con todo, lo peor de la crisis está todavía por llegar a España, donde se desconoce, porque no se ha garantizado la transparencia en los balances de las entidades financieras, el grado de infiltración que han tenido los 'activos tóxicos' y, especialmente, su efecto sobre los fondos de inversión y de pensiones. Pero aún más grave es que el Gobierno todavía no haya presentado una ruta de viaje que proteja la industria financiera española de los riesgos de asalto a su capacidad de gestión.