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ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Domingo, 27 mayo 2012

Álava

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Los familiares de los ancianos residentes temen que la ampliación de los paros empeore «más la situación»

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La Diputación acusa a ELA de «usar la huelga de Ariznabarra para su estrategia»
Una joven conduce la silla de un usuario. /J. ANDRADE
La brecha está abierta. Si el viernes pasado todos los sindicatos se plantaron contra la política foral de Asuntos Sociales, ayer el teniente de diputado general de Álava, Claudio Rodríguez, cargó contra ELA -STV «por usar para su estrategia sindical» el conflicto laboral de siete meses que arrastra la residencia Ariznabarra, de titularidad foral y gestión privada. Rodríguez, que no ve en este caso la necesidad de laudos ni mediaciones, pidió que el asunto se resuelva «mediante el diálogo entre los trabajadores y la empresa».
El político del PNV dirigió buena parte de sus críticas contra la central nacionalista. «Sube su afiliación porque puede pagar sueldos a los que no van a trabajar y mantienen la huelga». Igualmente recordó que se había producido una subida salarial del 52% y que la Diputación había inyectado 2,1 millones de euros para costear atrasos. Rodríguez pidió más servicios mínimos ante la ampliación de los paros a siete horas diarias durante todos los días de la semana. Hasta la fecha, se producían lunes, miércoles, viernes y fines de semana durante cinco horas. El comité de empresa busca una equiparación con las trabajadoras de otras residencias forales.
«140 víctimas»
Pero en este conflicto de intereses las víctimas son los casi 140 ancianos residentes, según volvió a denunciar ayer la junta de familiares que teme un deterioro mayor de la la situación, «ya muy degradada desde antes del inicio del conflicto. Nos hemos reunido con los empleados, pero el pesimismo es absoluto. Falta personal tanto médico como auxiliar, y la preparación de muchos de los que están es deficiente ante un grupo humano cuyo 80% es dependiente. La limpieza también ha empeorado», señaló Ignacio Ortiz de Guzmán, uno de los miembros de la junta.
EL CORREO ha podido comprobar mediante una visita que las denuncias de los familiares saltan a la vista. El edificio es nuevo, las estancias y las habitaciones son amplias y se encuentra en buenas condiciones, pero hay detalles que llaman la atención como los contenedores de basura con las tapas sin cerrar que se encuentran en uno de los patios. Las salidas de productos químicos de la lavandería dan a uno de los jardines, igual que los extractores de la cocina. La seguridad contra incendios también es deficiente puesto que no hay rampas. La falta de personal conlleva largas esperas para meter a los ancianos a la cama y para darles de comer.
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