La gestora de Ondarroa abrirá un nuevo plazo de pago voluntario a los simpatizantes de la izquierda abertzale que participan en la campaña de boicot a los impuestos locales. La medida pretende servir de gesto hacia los radicales antes de que la poderosa maquinaria fiscal de la Hacienda foral inicie el procedimiento de apremio para cobrar todas las deudas. El Ayuntamiento vizcaíno, que acumula 2,3 millones en tributos impagados, aseguró ayer que, de abonar ahora las cantidades pendientes, los implicados se evitarán «un sensible incremento» en los recibos a abonar.
Como ya adelantó ayer EL CORREO, la comisión municipal ha sellado un pacto con la Diputación para que ésta asuma de manera inmediata el cobro de la deuda. El acuerdo suscrito entre ambas administraciones y que fue publicado en el Boletín Oficial el jueves, permitirá acabar con una sangría que se remonta en algunos casos más de 13 años y que se ha incrementado en los últimos meses tras la anulación de la lista de ANV en las elecciones locales de 2007 y la constitución de una gestora que la izquierda abertzale considera «ilegal».
Pese a que todavía está pendiente el traspaso de toda la documentación necesaria para iniciar los trámites, se espera que Hacienda empiece a principios de 2009 a exigir el dinero a aquellos que se declararon «insumisos fiscales».
El Ayuntamiento solicitó el pasado mes de junio ayuda a la Diputación para cobrar la deuda, después de renunciar a la contratación de una empresa por las amenazas de la izquierda abertzale. El entorno radical difundió en Internet consignas a favor de la desobediencia civil e instó a sus seguidores a colapsar con llamadas o escritos la sede de la compañía. Además, calificó al presidente de la gestora, Félix Aranbarri, de «líder golpista» por encabezar ese órgano, creado tras la negativa de los electos de PNV y EA a tomar posesión de sus cargos por las coacciones de simpatizantes de ANV, que reclaman la alcaldía.
Con todos los recargos
Tras conocer la noticia, el portavoz parlamentario del PP vasco, Leopoldo Barreda, instó ayer a recaudar «el 100%» de la deuda, «con todos los recargos estipulados por ley y mediante el embargo de bienes y propiedades si fuera necesario». «Es lo que se haría con los ciudadanos que incumpliesen sus obligaciones fiscales, cualquier otra medida sería mantener privilegios para los batasunos», expresó. Barreda valoró de manera «positiva» el acuerdo alcanzado entre la gestora de Ondarroa y la Diputación vizcaína, si bien añadió que «llega tarde». «El PP lleva una década denunciando esta situación», argumentó.
Con el fin de conocer el estado de la deuda tributaria de Ondarroa, el portavoz del PP en las Juntas Generales, Carlos Olazabal, solicitó ayer la comparecencia del diputado foral de Hacienda, José María Iruarrizaga, para que aclare cuál es el montante exacto a recaudar, así como el número de casos en los que no se podrá reclamar el adeudo al haber prescrito. En este sentido, Barreda recordó, que el caso de Ondarroa «se ha repetido en otros Ayuntamientos, como Lezo o Tolosa», por lo que anunció que el su partido exigirá también la información correspondiente a estos casos para averiguar «el grado de evasión fiscal promovido por Batasuna».