VIOLENCIA DE GÉNERO
Las medidas alternativas, que también pueden consistir en trabajos para la comunidad, se aplican cuando las penas son inferiores a dos años
Las hijas de una mujer muerta a manos de su pareja en Logroño lloran durante una concentración de protesta. / EL CORREO
Los maltratadores tienen una segunda oportunidad. Si la pena que les ha impuesto el juez es inferior a dos años y carecen de antecedentes penales, pueden sustituirla por un tratamiento psicológico de reeducación y rehabilitación o por un servicio a la comunidad. Es una manera de reparar el daño causado. Un total de 335 sentenciados por delitos de violencia machista se sometieron específicamente a una terapia en Euskadi durante el pasado ejercicio. Esa cifra representa el 19% de las 1.720 medidas alternativas que supervisó el Gobierno vasco a lo largo de ese periodo, la mayoría de las cuales habían comenzado a ser aplicadas por la Administración de Justicia en años anteriores.
En conjunto, 1.205 condenados por todo tipo de crímenes (1.106 hombres y 99 mujeres) eludieron la prisión en Euskadi en 2007, a condición de recibir tratamiento psicólogico. Buena parte de esas personas tenían problemas relacionados con la adicción a las drogas. Otros mil individuos cumplieron la sentencia realizando labores de carácter social. Se trata, sobre todo, de maltratadores y de automovilistas temerarios, aunque la supervisión de esas tareas recae en la Dirección de Instituciones Penitenciarias, que carece de datos oficiales.
En cambio, los maltratadores que siguen una terapia de reeducación, y son controlados por el Servicio de Asistencia a la Reinserción del Gobierno vasco, aparecen recogidos en la memoria de este organismo corresponidente a 2007, un documento elaborado por el Departamento de Justicia. Por regla general, los tratamientos psicológicos -que en el caso de los acusados por violencia de género pueden ser individuales o en grupo- suelen prolongarse durante tres años, aunque en ocasiones se extienden hasta cinco.
Ahora bien, si el condenado vuelve a delinquir durante ese periodo, tendrá que cumplir inmediatamente la pena privativa de libertad. No obstante, la baja proporción de medidas alternativas que fueron revocadas durante el año pasado -sólo el 2,7%- induce a pensar que contribuyen efectivamente a la rehabilitación de los maltratadores.
En cualquier caso, desde que el Servicio de Asistencia a la Reinserción comenzó a funcionar, en agosto de 2002, han desarrollado una actividad «intensa», en palabras del director de Ejecución Penal del Gobierno vasco, Xabier Etxebarria. «Las medidas paliativas para los maltratadores -explica- sólo se proponen cuando los jueces consideran que están fundamentadas y no hay peligro».
«Abusar de la cárcel»
Ciñéndose exclusivamente a las sanciones alternativas a la prisión que el Departamento de Justicia empezó a supervisar el pasado año, Vizcaya es el territorio histórico que acapara el mayor número (267). A continuación aparecen Guipúzcoa (105) y Álava (20).
La asociación Salhaketa, que defiende los derechos de los presos y presas, asegura que la reducción de las condenas y los trabajos en beneficio de la comunidad son vías positivas, pues se tiende a «abusar de la cárcel». A su modo de ver, son más provechosas las compensaciones económicas y los servicios realizados por los condenados; sobre todo, en apoyo de las víctimas. «Sin embargo -lamentan- muchos jueces y parte de la sociedad creen que de esa forma no se está condenando».
Tal impresión se acrecienta en un momento en que las agresiones sexistas parecen ir en aumento. «Una 'cadena' dura para los delitos machistas sólo aumenta el número de muertos, como estamos padeciendo», aseguran en la asociación.
Los miembros de Salhaketa entienden y respetan el dolor e indignación de las víctimas de las agresiones sexistas, pero están convencidos de que «no se puede caminar hacia la cadena perpetua» y afirman que las alternativas a la cárcel, «allí donde se aplican bien, con buenos recursos, reducen la violencia de género y la violencia social general».
Pero estas medidas tienen sus reglas. Según explica el Observatorio Vasco de la Administración de Justicia, los trabajos en favor de la comunidad no pueden imponerse sin el consentimiento del penado y, además, no deben exceder de las ocho horas diarias.
Alcoholismo
Respecto a las terapias de rehabilitación, las toxicomanías están detras de la mayor parte de las que son aprobadas en Euskadi, y suelen consistir en un tratamiento de desintoxicación. Por su parte, los casos de alcoholismo acumulan 134 medidas de esas características. El objetivo del Servicio de Asistencia a la Reinserción es, precisamente, proporcionar los recursos necesarios para aplicar las penas alternativas y vigilar que se cumplan realmente.
Un equipo de educadores, psicólogos y trabajadores sociales forman parte de esos servicios, que tienen su sede en los palacios de Justicia de Bilbao, Barakaldo, San Sebastián y Vitoria. A mediados del año pasado, el Gobierno vasco incorporó a abogados debido a las demandas planteadas por reclusos y profesionales. Los juristas, especializados en Derecho penal, asesoran a los presos sobre cómo solicitar las refundiciones de condenas, entre otras consultas.
Los juzgados penales son los que acaparan el grueso de las medidas alternativas a la prisión, entre otras razones por la naturaleza de los delitos de los que se ocupan. La distribución de esas medidas difiere de unos territorios históricos a otros. Así, el Juzgado de lo Penal número 7 de Bilbao dictó 1.061 resoluciones de ese tipo, seguido del Penal número 4 de San Sebastián (255). El órgano judicial de Álava con más trabajo fue la sección primera de la Audiencia provincial, con 27 casos.
