MUNDO
La Corte de La Haya que juzga a Karadzic intenta
recuperar su prestigio como símbolo internacional
tras años de críticas por su falta de eficacia
03.08.08 -
El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) está compuesto por 16 magistrados renovados cada cuatro años. / EFE
AL DETALLE
Un enjambre de medios de comunicación procedentes de todo el mundo rodea durante estos días el Palacio de la Paz de La Haya. La sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) vuelve a ser protagonista con motivo de la celebración del juicio contra uno de los más buscados dirigentes de Serbia, Radovan Karadzic. El Tribunal Internacional, como también se conoce al principal órgano judicial de las Naciones Unidas, fue fundado en 1946 para intentar evitar que las rivalidades interestatales se resolvieran violentamente y jamás se repitiera un drama como la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era dirimir los conflictos que surgiesen entre los países miembros y, al mismo tiempo, emitir dictámenes o 'consejos' acordes al derecho internacional.
Con el tiempo, a consecuencia de la coyuntura internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU consideró la necesidad de crear otros tribunales internacionales, como el de Yugoslavia y el de Ruanda, encargados de perseguir el genocidio y la violación de derechos humanos en los conflictos de esas zonas.
En la capital administrativa de Holanda también se ubica la Corte Penal Internacional (CPI), que está activa desde 1998, cuando 160 estados ratificaron el Tratado de Roma. Su cometido es enjuiciar a individuos más que a estados para responsabilizarlos de los más graves crímenes que afectan a la comunidad internacional. Ahora bien, sólo puede actuar contra aquellos delitos cometidos desde que entró en vigor su estatuto, es decir, a partir de julio de 2002.
A pesar de ello, la Corte Internacional de Justicia sigue siendo el órgano judicial más antiguo de las Naciones Unidas. Como consecuencia, en bastantes ocasiones las críticas han hecho que pierda cierta credibilidad en relación a su eficacia.
A pesar de que representa un símbolo del derecho internacional, sus poderes se han visto limitados por el desinterés de algunos países para respetar sus resoluciones, a lo que hay que sumar la imposibilidad del Consejo de Seguridad para hacer que los fallos se cumplan. Sobre todo, si éstos lesionan los intereses de alguno de los cinco miembros permanentes -Francia, Reino Unido, China, Rusia y EE UU-, ya que tienen poder de veto sobre cualquier decisión. Sin embargo, no hay que olvidar que formalmente con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, en 1945, los estados se comprometieron a cumplir las sentencias de la CIJ.
Karadzic será juzgado por los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). Este órgano fue fundado el 25 de mayo de 1993 por el Consejo de Seguridad de la ONU para investigar y procesar a los responsables de genocidio y otros crímenes contra la humanidad cometidos en los conflictos armados que siguieron a la desintegración del país balcánico.
El TPIY está compuesto por 16 jueces que son renovados cada cuatro años. Además, cuenta con tres salas ordinarias y una cámara de apelación, que comparte con el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que cumple las mimas funciones aunque aplicado al genocidio del país africano.
Hay que precisar que el Tribunal de La Haya, como también se denomina al TPIY, sólo puede juzgar a personas sospechosas de haber cometido crímenes que son de su competencia. Esto supone que los altos funcionarios y autoridades del país, incluido el Jefe de Estado, no gozan de ningún trato privilegiado que les libere de su responsabilidad.
Condenado a desaparecer
Una vez que el fiscal ha realizado las investigaciones pertinentes, el siguiente paso es la detención del acusado. Ésta puede llevarla a cabo la Policía del país en el que se encuentre el sospechoso -Serbia en el caso de Karadzic- o las fuerzas internacionales desplegadas en la antigua Yugoslavia. Cuando las sentencias son firmes, los condenados cumplen la pena en las cárceles de alguno de los estados miembros de Naciones Unidas.
Desde su creación, este órgano ha juzgado más de cien casos. Sin embargo, el número de nuevos procesos en los que trabajar se reduce a marchas forzadas, y mantener una institución de este tipo supone un elevado coste económico -100 millones de euros al año-. Por ello, la ONU había establecido que para el 2010 todos los procesos penales debían estar resueltos y, entonces, el tribunal cerraría sus puertas. Sin embargo, todo parece indicar que con la reciente detención del ex presidente serbobosnio los plazos se alargarán.
