03.08.08 -
Más de 250 familias han renunciado a la lista de espera por las ayudas económicas de la Ley de Dependencia. / EL CORREO
RECURSOS FORALES
La vaca foral se está quedando sin leche para dar de beber a unos servicios sociales cada más sedientos. La noticia no ha sorprendido a nadie, pero la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en abril de 2007 no ha hecho más que acelerar el inicio de un debate que ya intentó impulsar el PP en la anterior legislatura. En balde, eso sí, por el rechazo de la oposición. El cambio de gobierno, ahora regido por el tripartito PNV-EA-Aralar, ha traído consigo otra propuesta de «reflexión» para que «entre todos» se establezca un nuevo modelo para financiar el llamado estado del bienestar social, cuya factura, sólo este año, ascenderá a 120 millones de euros.
La relación causa-efecto es sencilla: a mayor envejecimiento, más gente que atender, más recursos materiales que ofrecer y por ende, más dinero que destinar. Pero las posibilidades de las arcas forales son limitadas. La coyuntura se ha visto agravada con una deuda que rondará los 272 millones a 31 de diciembre de 2008. Conclusión: se necesita dinero. ¿Cómo conseguirlo? Ése es el gran interrogante.
La alternativa más lógica apunta al capital privado, con fórmulas basadas en la concertación de los servicios bajo la atenta vigilancia de los gestores públicos. De apostar por este modelo, la factura foral se reduciría de forma considerable. Para muestra, las residencias para personas mayores. Cada una de las plazas de los geriátricos públicos que existen en el territorio (en torno a 800 camas) le cuestan a la Diputación una media de 5.000 euros mensuales. Sin embargo, esta cifra no se ve correspondida con lo que aporta el beneficiario, ya que la tarifa máxima existente en Álava es de 970 euros al mes, cuando en Vizcaya y Guipúzcoa supera los 2.000.
Ariznabarra
La concertación, sin embargo, es mucho más barata para la Diputación. Tanto, que abona una media de 2.400 euros por plaza y mes. El Departamento de Política Social y Asuntos Sociales tiene unas 130 camas 'alquiladas' en residencias que no son de su titularidad (75 de ellas en la municipal de San Prudencio). Su volumen se ha visto reducido de forma drástica después de que el Gabinete Agirre decidiera cancelar a finales de mayo las 65 plazas que tenía en la Clínica Álava.
Caso diferente es el del geriátrico Ariznabarra, una residencia de titularidad foral pero cuyo servicio se adjudicó a Mapfre-Quavitae por un periodo de 45 años. Aquí, el precio mensual que paga la Diputación por cada una de las plazas residenciales ronda los 3.300 euros.
La opción adoptada hace nueve años con el PNV en el poder se ha convertido en un importante nicho de críticas sindicales y con una oposición que ha exigido que se estudie la posibilidad de romper el contrato con la firma madrileña. Esta opción, hoy por hoy, es inviable.
Ante esta tesitura, la Diputación no ha tenido otra alternativa que poner sobre la mesa el debate de qué hacer con las tres grandes residencias geriátricas que se inaugurarán en Vitoria en 2011: Lakua, Sur y Abetxuko. El tripartito foral asegura que estos tres centros serán gestionados de forma pública y directa. Eso sí, «de momento». ¿Y qué significa esto? «Que todo dependerá de las conclusiones que se alcancen en esa reflexión conjunta de todos los partidos», matizan.
De momento, el Ejecutivo territorial ya ha dado un primer paso en este sentido impulsando un nuevo modelo constructivo y financiero para que una empresa privada afronte la edificación de la residencia de Lakua para luego alquilar las instalaciones a la Diputación, la cual gestionará el servicio de forma directa. El 'leit motiv' de este fórmula es evitar que la institución foral adelante los 11 millones en los que está presuestado el geriátrico para poder destinar ese dinero a otras actuaciones.
Este modelo también se pretende extrapolar a la construcción de las residencias de Abetxuko y Sur, cuyo coste total será de 40 millones. De mantener los pasos ahora dados, la constructora arrendará los edificios a la Diputación durante un plazo máximo de 40 años.
Ley de Dependencia
Pero el factor que ha irrumpido con más fuerza en el modelo del bienestar social ha sido la Ley de Dependencia, a la que más de 9.000 alaveses han solicitado ampararse desde que entró en vigor en abril de 2007. Desde entonces, las personas que sean valoradas como grandes dependientes (grado III) o dependientes moderados (grado II, nivel 2) tienen derecho, por ley, a recibir una serie de prestaciones de la administración pública: ya sea una plaza residencial o cuantías económicas (entre 406 y 507 euros al mes) para sufragar el coste del cuidado en el entorno familiar.
Sólo este año, la Diputación destinará 20 millones a sufragar unas ayudas que son universales, es decir, que se ofrecen con independencia de la edad o el nivel de renta del solicitante. Sólo se tiene en cuenta el grado de dependencia. La excepción se da en la prestación económica vinculada al servicio, es decir, aquellas personas que deciden buscar una residencia privada por su cuenta para no esperar la lista de espera foral. En este caso sí se tiene en cuenta el nivel de renta y el montante mensual puede llegar a ser de 1.000 euros.
