Ramón Talegón, conocido líder vecinal y propietario de un asador en la calle Barrancal, cumplirá una pena de 22 años de cárcel por el asesinato de su suegra. La sentencia, dictada el pasado mes de noviembre por la Audiencia Provincial de Vitoria, fue ratificada la semana pasada por el Tribunal Supremo. Hasta esta instancia había llegado su defensa a base de recursos.
El crimen por el que pagará Talegón sacudió Vitoria hace dos años. El 6 de agosto de 2006 Pilar Achaerandio, de 75 años, fue encontrada con la cabeza destrozada a golpes en su casa de la calle La Paz. Según los resultados de la investigación, en los que se basa la sentencia condenatoria, su yerno había acudido la mañana de ese día a la casa de la mujer. Consiguió que su suegra la abriese la caja fuerte y luego le golpeó la cabeza con un objeto contundente con tal violencia que le fracturó el cráneo. Talegón se hizo con el dinero que había en la caja fuerte -al menos 6.200 euros, según la sentencia- y volvió a su asador.
La defensa del hostelero ofreció una versión a la que el juez adjudicó una «nula credibilidad». Según dijo, había acudido a casa de su suegra a la hora del crimen, pero, decía, no consiguió que la mujer le abriera la puerta. Eso sí, se encontró una bolsa de basura con dinero manchado de sangre en la escalera y se la llevó. Varios días después, la Ertzaintza registró su asador y encontró 1.950 euros escondidos y manchados de sangre de la víctima.
El juez calificó la historia de «extraordinaria». Primero, porque no contó nada hasta cinco días después, cuando se vio acorralado. Y también porque se probó que, tras los hechos, se cambió de ropa y la que llevaba nunca apareció. Además, la víctima tenía bajo sus uñas restos de un pantalón vaquero como el que llevaba el hostelero ese día.
Conocida la sentencia que recoge todo lo anterior, de 27 de noviembre de 2007, Talegón interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los magistrados, en sentencia de 17 de marzo de 2008, mantuvieron la pena. Luego llegó el recurso de casación ante el Supremo, quien ni lo ha admitido a trámite. De ese modo, se mantiene la pena de 22 años (18 por asesinato y 4 por robo con violencia), además de indemnizaciones que superan los cien mil euros para el viudo y los hijos de la víctima. Así, se pone fin al proceso, salvo los recursos extraordinarios que pudiese interponer ante el Constitucional.