POLÍTICA
Nombrará en agosto
a un embajador
especial para
que negocie con
otros países
31.07.08 -
. De la Vega charla con Manuel Pizarro en el Congreso. / I. G.
El Gobierno nombrará un embajador especial cuya misión será negociar acuerdos de reciprocidad con los países de origen a fin de que los inmigrantes puedan votar en las elecciones municipales, según anunció ayer la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. El diplomático, que será designado en agosto, intentará suscribir los tratados Estado por Estado y comenzará con los países con mayor número de residentes en España.
Más de 3,1 millones de extranjeros extracomunitarios residen legalmente en España y serían potenciales votantes en los comicios. El colectivo más numeroso es el marroquí, con 676.000 ciudadanos, seguido por el ecuatoriano, que alcanza ya las 451.000 personas. Tras ellos están los colombianos (326.000) y los argentinos (287.000).
La reciprocidad que exige la Constitución para ejercer el derecho al voto plantea, no obstante, enormes dificultades. España tiene ya firmados acuerdos con Noruega, Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela, pero sólo se aplica el sellado con el país báltico. El embajador especial intentará allanar el camino para que se firmen tratados similares con Bolivia, Paraguay, Perú e Islandia, cuyas legislaciones permiten la extensión a los españoles del derecho al voto en sus respectivas elecciones. A partir de ahí, la diplomacia española poco podrá hacer, salvo convencer a los gobiernos de que cambien sus leyes. Algunos, como Ecuador, Brasil o Guatemala tendrían que reformar sus constituciones.
La vicepresidenta del Gobierno expuso ayer esta situación ante la comisión Constitucional del Congreso y se comprometió a «buscar las fórmulas» que permitan superar los obstáculos legales. «Extender el voto a los extranjeros significa no sólo cumplir una condición que facilitará su integración, sino también cumplir un compromiso de estricta justicia», expresó.
Emigrantes, por Internet
Fernández de la Vega expuso también las dificultades legales y prácticas para reforzar las garantías del voto de los españoles residentes en el extranjero. El PP ha propuesto el «voto en urna», que permitiría a los emigrantes votar como el resto de sus compatriotas, pero la vicepresidenta alertó de que para ello sería necesario habilitar un gran número de mesas en los 157 consulados de España y colocar en cada una de ellas 52 urnas, una por cada circunscripción provincial, para el Congreso y otras tantas para el Senado, además de los problemas de interventores, papeletas y estructura administrativa electoral.
De la Vega apostó por facilitar a los emigrantes españoles el voto electrónico a través de Internet, que tendría menos dificultades técnicas, pero endosó en todo caso la búsqueda de propuestas a la subcomisión parlamentaria que se creará el próximo otoño en la Cámara Baja. El PP interpretó este encargo como una maniobra dilatoria y aconsejó a la vicepresidenta tomar como base la ley aprobada recientemente por el Parlamento de Galicia, que regulará el voto de los 330.000 gallegos residentes en Latinoamérica.
