
Restos del avión en el que viajaban los 62 militares muertos en Turquía en 2003. /ARCHIVO
Marlaska cita a 45 testigos en la audiencia
En un auto hecho público hoy, el magistrado desestima el recurso presentado por algunas familias de los 62 militares fallecidos en el accidente ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003 contra su decisión de llamar a declarar a 45 testigos, ya que éstas solicitaron algunos más.
Entre ellos, pidieron que comparecieran ante el juez cuatro periodistas porque, según su abogado Leopoldo Torres, "fueron testigos directos" del siniestro, ya que acudieron allí nada más producirse.
Sin embargo, para Grande-Marlaska los conocimientos de estos profesionales no son directos "sino fruto de investigaciones en el marco de su ejercicio laboral".
Entre los 45 testigos que declararán los próximos septiembre y octubre ante el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, figuran el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa Félix Sanz Roldán.
En relación con la investigación abierta por la contratación del aparato, Grande-Marlaska acusó el pasado 20 de mayo a cinco altos mandos militares de un delito de homicidio por imprudencia grave y les citó a declarar como imputados en relación con esos hechos.
Se trata de los que fueron Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Antonio Moreno Barberá, y Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON) Juan Luis Ibarreta Manella; el jefe de la división de operaciones del EMACON, José Antonio Martínez, y otros dos responsables de este departamento: Joaquín Yañez y Alfonso Elías.
El primero juicio fue anulado por la Audiencia Provincial porque no se citó correctamente a la compañía que contrató el avión siniestrado
La jueza rechaza enviar una comisión rogatoria a Ucrania y Turquía al entender que es una maniobra dilatoria de los demandados
Los familiares de los militares muertos exigen una indemnización de unos 600.000 euros por víctima
El juicio civil por el accidente del Yak -42 en Turquía, en el que murieron 62 militares españoles, se repetirá la última semana de noviembre, del 24 al 27, tal y como han acordado las partes con la jueza Amalia Sanz, titular del juzgado de primera instancia número dos de Zaragoza que instruye el caso.
En una audiencia previa, los abogados de las familias de las víctimas han solicitado prácticamente las mismas pruebas que en el juicio anterior, que se celebró en enero de 2006 y que fue anulado por la Audiencia Provincial porque no compareció Chapman Freeborn, contratista del avión, al no haber sido correctamente citada por el Juzgado.
El abogado de esta empresa, Luis Alberto García, y los de las otras dos compañías implicadas, Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air) y Busin Joint-Stock Insurance, han solicitado numerosas pruebas y prácticamente todas ellas han sido aceptadas por la jueza, que sustituye en este proceso al juez Ángel Dolado, que fue recusado por "carencia de imparcialidad", según la Audiencia Provincial.
Serán pruebas documentales, junto con el testimonio de personal militar del Ministerio de Defensa y de pilotos y personal de vuelo que haya realizado vuelos similares al que tenía previsto realizar el Yakovlev-42.
Diferencias entre las partes
La titular del Juzgado ha constatado que no hay acuerdo entre las partes. La representación letrada de Chapman Freeborn ha expresado que la vía civil no es la adecuada para este caso, sino la contencioso-administrativa, por cuanto el vuelo era de carácter militar, al trasladar a empleados del Ministerio de Defensa desde una base militar en Afganistán hasta la base de la capital aragonesa.
La responsabilidad es, por tanto, del Estado y de la empresa que operó el vuelo, según Chapman Freeborn. La contratista reclama que en el caso de ser condenada a indemnizar a los familiares de las víctimas, se le descuenten todas las compensaciones que haya percibido hasta ahora los familiares, incluyendo pensiones y las compensaciones económicas procedentes de los reconocimientos a títulos póstumo, según señaló el letrado Luis Antonio García.
También Um Air ha solicitado, sin resultado, que se descuente de la posible indemnización que se conceda a los familiares lo percibido hasta ahora.
Además, la jueza ha rechazado la solicitud de Chapman Freeborn para enviar una comisión rogatoria a Ucrania y Turquía, por entender que podría ser una maniobra dilatoria de los demandados, dada la lentitud de aquellos sistemas judiciales. Y fija que el director de la contratista comparezca personalmente en la Audiencia Provincial y no en un juzgado de Alemania, como pretendía la defensa.
Las familias reclaman 60 millones de euros
El primer juicio civil por este caso se celebró en una sala especial habilitada en la Feria de Zaragoza los días 24 y 25 de enero de 2006. Entonces, las familias solicitaron cerca de 60 millones de euros en indemnizaciones a las tres compañías, aunque finalmente Ángel Dolado condenó a las tres empresas a pagar una indemnización global de algo más de 10 millones de euros a los familiares.
La parte demandante insiste en exigir una indemnización de unos 600.000 euros por víctima y rechazan el criterio mantenido por el anterior juez que vio el caso, que equiparó el accidente del Yakovlev a un accidente de tráfico y calculó las indemnizaciones con los parámetros oficiales para este caso.
Además de esta causa civil, la Audiencia Nacional acogerá otros dos juicios penales por el siniestro del avión, el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía).